Mientras docentes marchan a la Gobernación contra el aumento salarial del 6%, la cartera que conduce Flavia Terigi adjudicó por contratación directa US$450.000 para el alquiler de equipos informáticos. Sin precios de referencia, el organismo estableció el valor del contrato a partir de un informe presentado por la propia empresa.

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La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense vuelve a quedar en el centro de la discusión por el destino de los recursos públicos. Mientras docentes, estatales y trabajadores de la salud se movilizan en La Plata para reclamar mejoras salariales, el organismo que conduce Flavia Terigi autorizó una contratación directa por US$450.000 para alquilar un equipo informático durante seis meses.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 12133-SSAYRHDGCYE-2026, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires de este jueves. El contrato fue adjudicado a Grupo Net S.A. para el alquiler de un equipo mainframe IBM Z114, utilizado como respaldo tecnológico durante la implementación de un nuevo sistema de administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

El monto asciende a US$450.000, equivalentes a $675 millones según el tipo de cambio de $1.500 por dólar utilizado en el expediente. La resolución también habilita la posibilidad de prorrogar el contrato hasta en un 100%, lo que permitiría extenderlo por un período equivalente al original.

Salarios en conflicto y reclamos en la calle

El contraste político se profundiza este jueves con la movilización de docentes bonaerenses hacia la Gobernación, junto con trabajadores estatales, residentes y becarios de salud. El reclamo apunta contra la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof, que contempla un aumento del 6% en dos tramos.

Según los organizadores de la protesta, la oferta representa apenas $21.540 por cuota mensual para una maestra y $23.850 para un preceptor. Los manifestantes reclaman salarios dignos, mayor presupuesto para educación y salud, la devolución de los descuentos aplicados por participar de paros y el respeto al derecho a huelga.

En relación al reclamo, Nathalia Gonzalez Seligra, secretaria gremial de SUTEBA La Matanza, señaló: “Es una provocación que Kicillof ofrezca aumentos de apenas 21 mil pesos mientras los salarios no alcanzan para vivir. A esto se suman descuentos por hacer paro que promedian los 85 mil pesos y llegan hasta los 400 mil. Es un ataque brutal a la docencia, integrada mayoritariamente por mujeres, muchas de las cuales somos sostén de sus hogares y además cargan con las tareas de cuidado. Los paros muestran que hay bronca y disposición a luchar. Necesitamos asambleas en todas las escuelas y un verdadero plan de lucha provincial”.

Por su parte, Paula Akerfeld, integrante de la Comisión Directiva de SUTEBA Tigre expresó: “Hoy estamos mostrando que es posible unir las luchas de la educación, la salud y los estatales. Mientras Milei profundiza el ajuste nacional, Kicillof aplica salarios de miseria en la provincia. Necesitamos fortalecer esta coordinación y avanzar en un plan de lucha común para conquistar salarios dignos y mayor presupuesto para la salud y la educación públicas”.

También exigen la convocatoria a asambleas en las escuelas y la puesta en marcha de un plan de lucha provincial.

Dólares y contrataciones directas bajo la lupa

Uno de los puntos que despierta interrogantes es la evaluación económica de la operación. En el expediente, el área técnica de la DGCyE dejó constancia de que no contaba con elementos para evaluar la razonabilidad económica de la propuesta presentada por Grupo Net, empresa que ya prestaba el servicio y es propietaria del equipamiento.

Además, el servicio no figuraba en la nómina de precios de referencia del Organismo Provincial de Contrataciones. Pese a ello, el organismo consideró que el valor se adecuaba a las variaciones del mercado a partir de un informe de costos elaborado por la propia firma.

La operación se encuadró como contratación directa, sin una competencia pública de precios en la que distintas empresas pudieran disputar el servicio. La resolución consigna que intervinieron la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, que consideraron procedente avanzar con el acto administrativo.

El caso se suma a otro expediente que ya había puesto el gasto educativo bajo discusión. Tal como informó La Tecla, la cartera provincial abrió una licitación pública por $1.414 millones para adquirir 3.000 matafuegos destinados a establecimientos escolares, mientras avanzaba con el alquiler del equipo informático por US$450.000.

Son contrataciones con objetos y procedimientos diferentes, pero que vuelven a poner sobre la mesa las prioridades presupuestarias de la cartera educativa y los mecanismos utilizados para gastar fondos públicos.

En este escenario, los $675 millones calculados para el alquiler del equipo informático durante seis meses quedan expuestos a la discusión pública. No se trata de gastos equivalentes ni de partidas necesariamente intercambiables, pero sí de decisiones que alimentan el debate sobre cómo administra sus recursos el gobierno bonaerense mientras los trabajadores estatales denuncian el deterioro de sus ingresos.

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