Nación oficializó la adjudicación de la compañía y fijó para noviembre la firma del contrato. La Provincia anticipó que impugnará el proceso y denunció una fuerte caída de las inversiones.

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El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La operación se concretará por 340,2 millones de dólares y el traspaso al sector privado está previsto para el 13 de noviembre. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires anticipó que buscará impugnar el proceso.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La cartera que conduce Luis Caputo aprobó la segunda etapa de la licitación y adjudicó el paquete accionario al consorcio que presentó la oferta más alta, integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor.

La operación comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los derechos de voto de AySA. El contrato de compraventa deberá firmarse el próximo 13 de noviembre, aunque el avance de distintas presentaciones judiciales podría introducir obstáculos en la etapa final de la privatización.

Desde la Provincia cuestionan las condiciones del traspaso y advierten sobre posibles consecuencias para los usuarios. La Defensoría del Pueblo y legisladores kirchneristas impulsaron acciones judiciales por la modificación de los estándares ambientales, sanitarios y de protección al consumidor. También reclaman conocer la tasación oficial realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), utilizada como referencia para evaluar las ofertas.

En ese marco, desde el Ejecutivo provincial confirmaron que buscarán frenar la privatización y cuestionaron la falta de inversiones para ampliar la cobertura del servicio. Según los datos difundidos por la Provincia, en el AMBA unos 3,7 millones de habitantes (24,5%) carecen de acceso al agua de red, mientras que otros 5,5 millones (36,4%) no cuentan con conexión a cloacas. Además, anticiparon que participarán de la audiencia pública del 26 de octubre para rechazar los aumentos tarifarios y exigir un plan de obras.

Por último, desde la administración bonaerense cuestionaron la política tarifaria y de inversiones del Gobierno nacional. Señalaron que, durante los últimos tres años, las tarifas de AySA acumularon un incremento nominal del 555% y la recaudación creció un 135% en términos reales, mientras que la inversión en infraestructura se redujo un 75%. En ese sentido, advirtieron que la privatización no garantiza nuevas obras ni una mejora en el acceso a los servicios esenciales y podría profundizar los problemas de cobertura en territorio bonaerense.

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El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó el llamado a una licitación pública para modernizar su red de conectividad, con un presupuesto oficial de USD 1.030.330. El proyecto será financiado por el BID y apunta a incorporar tecnología Wi-Fi 7. Las ofertas se conocerán el 26 de noviembre.

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