Las obras contra las inundaciones que frenó Nación y enciende alarmas en PBA
Quince trabajos financiados por el Fondo Hídrico fueron suspendidos o cancelados en el país. En territorio bonaerense, siete de las ocho obras del conurbano están paralizadas y los trabajos sobre la cuenca del Salado registran avances mínimos, mientras crece la alerta por las lluvias previstas para los próximos meses.
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La provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de preocupación por el estado de las obras destinadas a prevenir inundaciones, en un contexto en el que los pronósticos anticipan lluvias superiores a lo normal para los próximos meses. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que buena parte de la infraestructura financiada por el Estado nacional permanece paralizada, mientras los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) se destinan mayoritariamente a instrumentos financieros en lugar de convertirse en trabajos concretos.
El panorama bonaerense presenta situaciones que van desde proyectos cancelados hasta obras que continúan formalmente en ejecución, pero con avances mínimos. Uno de los casos más relevantes es el de la ampliación de la cuenca del río Salado, donde los tres subtramos analizados registran niveles de ejecución de 0%, 6,7% y 18,8%, pese a que concentran una parte sustancial de los fondos comprometidos para infraestructura hídrica. En conjunto, esos trabajos representan contratos por $163.131 millones, una cifra equivalente al 45% del monto total de la cartera relevada.
La situación tampoco es alentadora en el conurbano bonaerense, donde siete de las ocho obras financiadas por el Fondo Hídrico se encuentran paralizadas, según el relevamiento elaborado por CEPA a partir de datos del Sistema Integral de Planificación de Proyectos de Inversión Pública (SIPPE). Los trabajos pendientes incluyen desagües pluviales, colectores y mejoras en canales, infraestructura fundamental para reducir las consecuencias de las tormentas intensas en zonas urbanas.
Entre los proyectos con convenios rescindidos aparecen los desagües pluviales de la avenida Libertad, en Marcos Paz, que quedaron interrumpidos con un avance del 40%; los trabajos en el barrio Los Ceibos, en La Matanza, que alcanzaron el 64%; y los desagües del barrio Don Orione, en Florencio Varela, que no registraban ejecución. También quedaron sin continuidad el mejoramiento del canal El Molino, en Esteban Echeverría, y el colector pluvial de avenida Rivadavia y la ruta provincial 200, en Marcos Paz, este último con un avance informado del 0%.
A ese listado se suma el colector pluvial de avenida Balbín, en General Rodríguez, que permanece neutralizado con un 15,8% de avance, mientras que el proyecto de sumideros, conductos y cámaras en Exaltación de la Cruz figura como finalizado, aunque el informe registra un avance del 23,3%. En este último caso, el documento no aporta una explicación que permita conciliar ambas categorías, por lo que corresponde mantener la información tal como aparece en el relevamiento.
El problema adquiere mayor dimensión frente a las previsiones climáticas para el último trimestre de 2026. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias superiores a lo normal en el Litoral, el oeste de Santa Fe y el oeste bonaerense, además de una tendencia similar para el centro-este de la provincia. Según la Autoridad del Agua, al 14 de agosto las zonas centro, este y noreste de Buenos Aires presentaban suelos con una humedad superior al 45%, condición que técnicamente se considera de saturación completa, mientras que al cierre de julio 58 de los 92 municipios que reportan a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado su promedio de precipitaciones acumuladas.
La cuenca del Salado representa uno de los puntos de mayor exposición, debido a sus características de llanura y a los anegamientos prolongados que suelen producirse en la región. En ese territorio, el bajo nivel de avance de los trabajos se combina con un pronóstico de lluvias superiores a lo normal en el oeste bonaerense, lo que vuelve a poner en discusión la continuidad de una infraestructura considerada estratégica para reducir el impacto de las inundaciones.
El informe de CEPA también pone el foco en el funcionamiento del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creado mediante el Decreto 1381/01 y financiado con el 4,31% del impuesto a los combustibles. El instrumento tiene como objetivo financiar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas, aunque la evolución de sus ingresos y gastos muestra una marcada caída en la ejecución durante la gestión de Javier Milei.
De las 24 obras iniciadas con financiamiento del fondo, 15 fueron canceladas o suspendidas, ocho continúan en ejecución y solamente una figura como finalizada. Entre las paralizadas, 13 tienen convenios rescindidos y dos permanecen neutralizadas. Los contratos correspondientes a esos trabajos suman $144.818 millones, equivalentes al 39,7% del monto total de la cartera, que asciende a $364.814 millones.
La diferencia entre los recursos que ingresan y los que efectivamente se destinan a infraestructura constituye otro de los puntos centrales del relevamiento. En 2024, el fondo recibió $191.610 millones, medidos en pesos de 2026, pero los pagos por obras alcanzaron apenas $22.112 millones, equivalentes al 12% de los ingresos. Durante 2025, la ejecución fue del 22%, con $57.777 millones destinados a trabajos sobre una recaudación de $262.674 millones.
Entre enero y mayo de 2026, en tanto, ingresaron $157.383 millones y se pagaron obras por $61.082 millones, una ejecución del 39%. De esta manera, durante el período comprendido entre 2024 y mayo de 2026, el Fondo Hídrico recibió $611.667 millones, pero destinó $140.971 millones a infraestructura, lo que significa que solamente 23 de cada 100 pesos ingresados se transformaron en pagos por obras.
El destino de los recursos disponibles agrega otro elemento a la discusión. Según los datos del informe, al 1 de junio de 2026 el fondo tenía $290.676 millones colocados en Letras del Tesoro Nacional capitalizables, además de $49.069 millones en cuentas a la vista y $247 millones en plazos fijos. El total ascendía a $339.993 millones, de los cuales el 85,5% estaba invertido en deuda del Tesoro.
La comparación entre los intereses obtenidos y los desembolsos para infraestructura resulta ilustrativa. Entre enero y mayo de este año, el fondo cobró $59.747 millones en intereses por sus inversiones en Letras del Tesoro, una cifra prácticamente equivalente a los $61.082 millones que destinó al pago de obras durante el mismo período. Para CEPA, esta dinámica convirtió al instrumento creado para financiar infraestructura hídrica en una fuente de financiamiento del Tesoro, pese a que su normativa no contempla que los recursos se constituyan como inversión financiera.
La situación de la infraestructura hídrica se completa con los créditos internacionales que permanecen sin ejecución o cuyo acceso se encuentra demorado. El 9 de agosto de 2023 se aprobó el modelo de contrato de préstamo BIRF N.º 9516-AR con el Banco Mundial, por un monto de 200 millones de dólares, destinado al Proyecto de Infraestructura Resiliente al Clima para la Gestión del Riesgo de Inundaciones Urbanas. Sin embargo, más de tres años después, la cartera de financiamiento internacional del Ministerio de Economía registra una ejecución del 0%.
En junio de 2025, después de las inundaciones que afectaron a Bahía Blanca, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que los fondos fueran transferidos a la Provincia si la Nación no tenía previsto utilizarlos. En octubre de 2026, el Gobierno bonaerense volvió a cuestionar el destino de esos recursos y denunció que no se habían aplicado a las obras previstas, sino al financiamiento de la deuda estatal.
El informe también menciona la reorientación de líneas de financiamiento del Banco Mundial que impulsa el Gobierno nacional. El 14 de octubre se conoció que el ministro de Economía, Luis Caputo, negociaba recursos por hasta 4.000 millones de dólares para minería, energía y minerales críticos, además de movilizar hasta 10.000 millones de dólares junto con la Corporación Financiera Internacional para proyectos de la economía real y el apoyo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A ese escenario se suma el bloqueo de avales para créditos internacionales gestionados por la provincia de Buenos Aires. Según el Gobierno bonaerense, la Nación mantiene frenados 620 millones de dólares destinados a obras consideradas críticas, entre ellas el túnel aliviador de la cuenca San Francisco-Las Piedras, por 350 millones de dólares, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital, por otros 270 millones. El reclamo provincial contrasta con la aprobación de 18 créditos por 1.973 millones de dólares para proyectos en otras diez provincias.
Así, el panorama combina obras paralizadas, proyectos con escasos avances y recursos que no se traducen en infraestructura, precisamente cuando los pronósticos anticipan un período de mayor riesgo hídrico. En Buenos Aires, donde varias regiones ya presentan suelos saturados y la cuenca del Salado continúa con trabajos pendientes, la discusión sobre el financiamiento y la ejecución de las obras adquiere una dimensión que excede las cuentas públicas y vuelve a poner en primer plano la capacidad de prevención del Estado frente a las inundaciones.
