El PRO pone el foco en la justicia: uno de cada tres cargos está vacante
Un informe de la Fundación Pensar advirtió que alrededor del 31% de los puestos de jueces, fiscales y defensores públicos permanece sin cubrir. Aunque el Gobierno reactivó el envío de pliegos al Senado, el documento señala que persisten demoras estructurales y reclama acelerar los nombramientos sin resignar transparencia.
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La falta de cobertura de cargos en el sistema judicial argentino vuelve a quedar en el centro de la escena. Según un informe elaborado por el equipo de Justicia de la Fundación Pensar, aproximadamente uno de cada tres puestos de jueces, fiscales y defensores públicos se encuentra vacante. En total, son cerca de 512 cargos sin titular sobre una estructura de 1.635 magistraturas, lo que representa alrededor del 31% del sistema.
El relevamiento advierte que la problemática no se limita a una cuestión administrativa. La prolongación de las vacantes genera sobrecarga de trabajo, obliga a recurrir a subrogancias y dificulta la organización de tribunales, fiscalías y defensorías. Además, remarca que la situación responde a demoras acumuladas durante distintas administraciones y que la responsabilidad está distribuida entre varios organismos y poderes del Estado.
En el Poder Judicial nacional y federal, el informe contabilizó 283 vacantes en trámite sobre un total de 1.002 cargos, equivalente al 28,2%. De ese universo, 176 expedientes permanecían en el Consejo de la Magistratura, 77 estaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo y otros 30 aguardaban tratamiento en el Senado. Los datos corresponden al 16 de octubre de 2026.
El panorama resulta todavía más complejo en el Ministerio Público Fiscal, donde se registraron 161 vacantes sobre 368 cargos, es decir, el 43,8% de su estructura. Se trata del organismo con mayor proporción de puestos sin cubrir. En tanto, el Ministerio Público de la Defensa contabilizó 68 vacantes sobre 265 cargos, lo que representa un 25,7%.
Las jurisdicciones más comprometidas
El documento también puso el foco en las diferencias entre fueros y jurisdicciones. Uno de los casos más críticos aparece en la Justicia Federal de Mar del Plata, que registra nueve vacantes sobre un total de 14 cargos, equivalente al 64,3% de su estructura. Siete de esos puestos se encuentran en concurso ante el Consejo de la Magistratura y los dos restantes están en manos del Poder Ejecutivo.
También sobresale la situación de la Justicia Federal de Corrientes, con cinco vacantes sobre diez cargos (50%), y la de Rosario, donde hay 20 puestos sin cubrir sobre una estructura de 42, lo que representa el 47,6%.
En este último caso, la Fundación Pensar advirtió sobre el impacto que puede tener la falta de magistrados en una jurisdicción clave para investigar el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos complejos. Además, señaló que Rosario cuenta con cuatro juzgados federales, uno de ellos vacante, mientras que el titular de otro se encuentra suspendido y sometido a un proceso de enjuiciamiento.
Otro de los fueros afectados es la Justicia Nacional del Trabajo, que concentra 49 vacantes sobre 110 cargos, un 44,5% del total. Se trata del ámbito con mayor cantidad absoluta de puestos sin cubrir en el país y también del que más vacantes acumula en la órbita del Poder Ejecutivo, con 19.
Más de dos años sin enviar pliegos
Uno de los puntos centrales del informe está vinculado con la demora en la cobertura de los cargos durante la actual gestión nacional. De acuerdo con el relevamiento de los mensajes enviados al Senado, entre el 10 de diciembre de 2023 y fines de marzo de 2026 no se registraron nuevas postulaciones para cubrir vacantes en tribunales nacionales y federales inferiores, fiscalías o defensorías públicas.
Durante 2024, el Ejecutivo únicamente había remitido las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema, postulaciones que no consiguieron el acuerdo de la Cámara alta. Mientras tanto, continuaron produciéndose renuncias, jubilaciones y otras bajas que incrementaron el número de cargos pendientes de cobertura.
El escenario comenzó a modificarse a partir del cambio de gestión en el Ministerio de Justicia, en marzo de 2026, cuando el Gobierno reactivó el envío de candidaturas. Desde entonces, el Senado avanzó con distintas tandas de acuerdos: aprobó 74 pliegos el 4 de junio, otros 29 el 16 de julio, 67 el 27 de agosto y tres más el 17 de septiembre.
A su vez, el 8 de septiembre se oficializaron mediante decretos 63 designaciones correspondientes a los acuerdos de agosto: 42 jueces, nueve fiscales y 12 defensores. Para la Fundación Pensar, esta reactivación representa un avance que debe reconocerse, aunque advierte que es necesario distinguir entre una candidatura enviada, un acuerdo parlamentario y una designación efectiva, que recién se concreta con el decreto correspondiente y la toma de posesión.
El debate por la transparencia en las designaciones
Otro de los aspectos cuestionados en el relevamiento es la modificación de los mecanismos de participación ciudadana para la selección de magistrados. A través del Decreto 467/2026, el Gobierno introdujo cambios en los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003.
La reforma eliminó una instancia previa que permitía a ciudadanos, organizaciones civiles, colegios profesionales y entidades académicas presentar observaciones sobre los candidatos antes de que el Poder Ejecutivo formalizara su elección y remitiera el pliego al Senado.
Desde el Gobierno justificaron la modificación bajo el argumento de evitar duplicaciones y demoras, al considerar que la Cámara alta ya contempla mecanismos de publicidad, recepción de impugnaciones y audiencias públicas. Sin embargo, Fundación Pensar sostuvo que ambas instancias cumplen funciones diferentes y complementarias, ya que la participación previa permite intervenir cuando el Ejecutivo todavía está formando su decisión.
En ese sentido, el informe planteó la necesidad de revisar el decreto y recuperar una instancia de participación ciudadana ante el Poder Ejecutivo, aunque con herramientas digitales, plazos acotados, formularios estandarizados y criterios claros para evaluar las presentaciones.
Las propuestas para acelerar las coberturas
En paralelo, el documento destacó la iniciativa impulsada por la Corte Suprema a través de la Acordada 4/2026, mediante la cual se aprobó un proyecto de nuevo Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la designación de jueces, remitido al Consejo de la Magistratura.
Entre sus principales ejes aparecen la implementación de concursos anticipados, la creación de legajos digitales auditables, evaluaciones uniformes de antecedentes, una doble instancia de examen, el anonimato de las pruebas y criterios más objetivos para integrar las ternas. También propone reforzar la publicidad de todas las etapas para reducir los márgenes de discrecionalidad.
A partir de ese diagnóstico, la Fundación Pensar presentó cinco líneas de acción: un plan interinstitucional para reducir las vacantes, concursos anticipados y permanentes, plazos públicos y mecanismos de rendición de cuentas, la recuperación de una instancia previa de participación ciudadana y la aplicación de criterios de mérito, diversidad y transparencia.
