PBA concentra casi el 28% de los conflictos laborales durante el gobierno de Milei
Un informe de CEPA ubicó a la provincia en el primer lugar del ranking nacional, con la industria como principal sector afectado. El relevamiento advierte que los despidos conviven cada vez más con cierres de fábricas, quiebras y concursos preventivos.
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La provincia de Buenos Aires concentra casi tres de cada diez conflictos laborales registrados desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que contabilizó 953 episodios de conflictividad en todo el país entre enero de 2024 y los primeros días de noviembre de 2026. Con el 27,9% de los casos, el territorio bonaerense encabeza el ranking nacional y expone el impacto de la crisis económica sobre el entramado productivo y el empleo.
El relevamiento ubica a Buenos Aires por encima de Santa Fe, que reúne el 10,4% de los episodios; Córdoba, con el 6,9%; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 5,7%; y Entre Ríos, con el 3,9%. En conjunto, la región centro concentra el 54,8% de los conflictos identificados por la entidad.
La industria aparece como el sector más comprometido, con el 65,3% de los casos relevados a nivel nacional. Dentro de esa actividad, los rubros textil, alimenticio, metalúrgico y siderúrgico figuran entre los más perjudicados, en un escenario atravesado por la apertura importadora, la retracción del consumo y las dificultades para sostener los niveles de producción.
El impacto sobre el territorio bonaerense se refleja en distintos episodios que forman parte del informe. Entre ellos aparece el cierre de la planta de fertilizantes de Bunge en Campana, que dejó a más de 200 trabajadores afectados, además de la situación de la metalúrgica Leval, en San Nicolás, que anunció el cierre de sus puertas.
También figura el caso de Dass, que durante enero de 2025 registró despidos en su planta de Coronel Suárez, antes de atravesar nuevos recortes y terminar con el cierre definitivo de su establecimiento en Eldorado, Misiones, en julio de 2026.
Otro episodio de fuerte impacto sobre el empleo bonaerense fue el de Granja Tres Arroyos, que acumuló despidos durante 2024 y 2025, deudas salariales y el cierre de una de sus plantas. En septiembre de este año, la compañía ingresó en concurso preventivo, luego de que el conflicto alcanzara también a sus establecimientos en Buenos Aires.
De los despidos a los cierres de empresas
Uno de los aspectos más preocupantes del diagnóstico de CEPA es la transformación que experimentó la conflictividad laboral durante los últimos meses. Al comienzo de la gestión de Milei predominaban los despidos y las suspensiones, pero con el avance del deterioro económico comenzaron a ganar espacio los cierres de plantas, las quiebras y los concursos preventivos.
Los despidos representan el 53,7% de los episodios registrados desde enero de 2024. Detrás aparecen los cierres de empresas, con el 17,5%; las crisis empresariales, con el 10,7%; y las suspensiones, que explican el 9,1%. El resto corresponde a quiebras, retiros voluntarios, concursos preventivos, conflictos por condiciones laborales y paralizaciones.
Sin embargo, la evolución de los últimos años muestra un cambio significativo. Los cierres, las quiebras y los concursos preventivos representaban el 6,2% de los conflictos en 2024, pasaron al 17,6% en 2025 y alcanzaron el 39,9% en lo que va de 2026. Durante el segundo semestre de este año, más de la mitad de los episodios relevados correspondió a alguna de esas situaciones.
El informe también identificó al menos 46 empresas que comenzaron con despidos, suspensiones o situaciones de crisis y terminaron, meses después, en cierres, quiebras o concursos preventivos. Para CEPA, esa trayectoria da cuenta de un deterioro que excede los recortes de personal y compromete la continuidad de las propias unidades productivas.
Las PyMEs, en el centro de la crisis
Otro dato relevante para la economía bonaerense es la composición de las empresas alcanzadas por los conflictos. Las pequeñas y medianas empresas explican el 41% de los episodios registrados, por encima de los conglomerados extranjeros, que representan el 23,5%, y de las grandes compañías, con el 21,8%.
La situación adquiere especial relevancia en una provincia donde las PyMEs tienen un papel central en la generación de empleo y en el entramado industrial y comercial. A la caída del consumo interno se suma la competencia de los productos importados, dos factores que el informe identifica entre los principales condicionantes de la actividad.
En cuanto al origen del capital, el 74,2% de los casos corresponde a empresas nacionales, mientras que el 24% involucra a compañías extranjeras y el 1,7% a firmas de capital mixto.
El deterioro tampoco quedó circunscripto a los primeros meses de la administración libertaria. CEPA advierte que la conflictividad se intensificó después de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Mientras que entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraron, en promedio, 25 conflictos mensuales, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 la cifra ascendió a 33.
De esta manera, el relevamiento plantea que el agravamiento de los enfrentamientos laborales no responde solamente a una disputa política o sindical, sino que está vinculado con la profundización de la crisis económica.
Con Buenos Aires a la cabeza de las jurisdicciones afectadas, los números muestran la dimensión que adquirió el problema en el principal distrito productivo del país. El escenario combina pérdida de puestos de trabajo, dificultades para sostener la producción y empresas que, después de atravesar distintas instancias de crisis, terminan directamente fuera del mercado.
