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Argentina
7 de agosto de 2009
Complicados

Implican a Massa y Boudou en un engaño de la Anses

Desafío Económico demuestra como bajo las administraciones de ambos, una cooperativa realizó descuentos a jubilados sin autorización previa. La cooperativa tiene antecedentes en la construcción, pero no en emergencias médicas

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Ferromar abandonó el anonimato hace siete años, cuando varios jubilados detectaron en sus recibos de sueldo dos códigos de descuento desconocidos. Poco a poco, la intriga acerca del destino de su propio dinero dibujó un camino en una única dirección: una cooperativa fundada por un grupo de ex trabajadores ferroviarios y destinada a la construcción de viviendas, el otorga-miento de créditos y consumo.



El engaño se mantuvo durante años. Desde la gestión del actual intendente de Tigre, Sergio Massa, se extendió hasta los días de Amado Boudou al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), confiaron diversas fuentes consultadas por Desafío Económico.



Sin autorización de los afiliados, la Anses entregó a la cooperativa los da-tos personales de los afiliados y la habilitó para realizar los descuentos compulsivamente a miles de personas en diversas provincias. Este medio intentó comunicarse tanto con Ferromar como con el organismo estatal, para conocer las explicaciones del caso, pero no obtuvo ninguna respuesta.



La entidad, religiosamente todos los meses, deducía de los haberes y pensiones montos mínimos que oscilaban entre 1,70 y 2,10 pesos, en calidad de servicios de urgencia -ambulancias, traslados y atención médica domiciliaria- que nadie había contratado.

Los descuentos variaban, sin respetar ninguna lógica, en cada caso, por lo que se ha hecho imposible calcular con exactitud el monto recaudado por Ferromar, aunque las estimaciones son varias veces millonarias.



Los beneficiarios comenzaron a tomar conocimiento de su afiliación al comunicarse con la Anses para denunciar esa maniobra. Entonces, se les informaba que habían sido incluidos como clientes de una cooperativa que oficiaba de coseguro, a través de un servicio de ambulancias.



La deducción se realizaba a partir de dos códigos: el 325 y el 011. Los primeros tres dígitos corresponden a una nómina de descuento destinada a grupos y terceras entidades, mientras que los restantes indican a qué institución se envía ese aporte.



Cabe destacar que Ferromar no está registrada como una cooperativa de servicios de emergencias.



El 14 de julio de 1999 las autoridades de la cooperativa firmaron un contrato con la Anses en el que se estipulaba un mínimo de afiliados necesarios para funcionar como prestadora de servicios.



Sin embargo recién a mediados de 2001 entraron en vigencia esas codificaciones y comenzaron a llevarse a cabo los descuentos. Para ese entonces, apenas un centenar de jubilados vieron afectados compulsivamente sus haberes, y muchos de ellos no lograron advertir la maniobra, ya que la tipificación numérica del código impedía saber fehacientemente de qué sustracción se trataba.



La situación se agravó en agosto de 2005, cuando el organismo que por entonces dirigía Sergio Massa implementó un nuevo sistema de descuentos (e@descuentos), a través del cual se enviaba directamente a las cuentas de las mutuales el dinero de la cuota. Según testimonios, para esa misma época aumentó el valor de la afiliación: pasó a costar entre 7 y 12 pesos.



Con e@descuentos funcionando, la cantidad de damnificados por los descuentos masivos fue creciendo considerablemente, hasta llegar, a finales del año pasado, a superar las 17.000 personas, de acuerdo a datos recopilados por Desafío Económico.



Frente ello, las denuncias ante la Anses por el cobro indebido, también crecieron, y la única respuesta a la que accedieron las víctimas fue la de comunicarse con Ferromar para gestionar la baja del servicio que, en los hechos, no habían contratado.



Fue entonces cuando la cooperativa comenzó a responder las críticas, argumentando un error involuntario de los data entry. Explicación curiosa si se tiene en cuenta que los primeros casos de descuentos están fechados a mediados de 2001, cuatro años antes del sistema informático de deducción.



Algo que nunca pudo esclarecerse fue el mecanismo por el cual una entidad sin experiencia ni trayectoria logró alcanzar un acuerdo de esa magnitud con el organismo que nuclea a cientos de miles de jubilados en todo el país.



Según fuentes consultadas por este medio, durante esos cuatro años Ferromar aumentó considerablemente la cantidad de afiliados.



Otra contradicción del caso se encuentra en la explicación que se dio a los afiliados: para la puesta en marcha del nuevo sistema de descuentos fue necesario que el interesado presentara una ficha de afiliación.



Pero en los casos de los que Desafío tomó conocimiento, y cuyos afiliados reclamaron por la supuesta incorporación errónea, ninguno de los damnificados había firmado ningún tipo de documento donde expresara esa voluntad.



A ello debe sumarse que la mayoría de los jubilados que poseían el supuesto coseguro nunca tuvieron acceso a un carné ni a cualquier otro tipo de documentación que certifique su afiliación y les permita conocer sus derechos de uso efectivo de las prestaciones.





Los primeros casos



La provincia de Buenos Aires fue el escenario donde aparecieron los primeros reclamos. Distritos rurales y las ciudades de Berisso, La Plata , Ensenada y Chascomús concentran un gran número de denuncias. Pero el engaño después se extendió a varias otras provincias, principalmente, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y San Juan.



Ferromar, que sólo poseería una oficina en la ciudad de Buenos Aires, tendría entonces delegada la prestación de servicios de emergencias en vastas regiones del territorio nacional. La pregunta es impostergable: ¿cómo una cooperativa sin experiencia en el rubro, y con una única filial, está capacitada para auxiliar a miles de jubilados en todo el país?



Hasta hace dos meses se desconocía si Ferromar tercerizaba o prestaba por medios propios el servicio de urgencia. Fue entonces cuando la cooperativa comenzó a informar a través de medios de comunicación que había alcanzado un acuerdo con la empresa Vittal SA, quedando a disposición de los afiliados una flota de 400 ambulancias con área de cobertura sólo Capital Federal y el Gran Buenos Aires, incluyendo algunas ciudades como Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba y Bariloche.



“El costo total por los servicios brindados asciende a la suma de 7 pesos, considerando sin temor a equivocarnos que dicha suma resulta altamente competitiva, cuando no inmejorable”, pregona en una de sus tantas desmentidas la cooperativa.



Varias fuentes consultadas por Desafío Económico afirman que no existe ningún registro que permita constatar de manera fehaciente que Ferromar haya prestado en algún momento alguno de los servicios que promociona.



Asimismo, una gran cantidad de casos ha demostrado que el monto de las deducciones había llegado a superar la cifra publicada por las autoridades de Ferromar, hasta alcanzar los 12 pesos.



Todo ello provocó alrededor de 17.500 denuncias -muchas de ellas ante la Justicia penal-, a las que se suman la gran cantidad de casos que, por una u otra razón, prefieren guardar silencio a iniciar un camino burocrático de nunca acabar.



Así, la situación quedó montada y funcionando a la perfección. Indiscriminada y compulsivamente, miles de jubilados y pensionados perdieron, por muy menor que fuera la suma, el dinero que ganaron con treinta años de aportes.

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