22 de abril de 2010
SOLUCIONES QUE NO LLEGAN
El funcionamiento de SADA genera críticas
Desde los CPA, organismos en los que se atiende a las personas con problemas de adicciones, denuncian que la Provincia no envía el dinero para alquileres y caja chica. Faltan profesionales e insumos. Desde el Gobierno prometen prontas soluciones
El traspaso de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense (SADA) desde la órbita del ministerio de Salud al de Desarrollo -concretada en septiembre del año pasado- aún no logró mostrar los resultados esperados. Y las críticas al ministro Baldomero Alvarez no son pocas cuando se comienza a relevar los CPA de la Provincia.
“Somos rehenes de la política” o “Nunca nos visitó el ministro para mostrarle las pésimas condiciones” son las frases que se escuchan del personal, que asiste a pulmón a los jóvenes adictos. En el territorio bonaerense funcionan cerca de 180 Centros Preventivos Asistenciales (CPA), que cubren casi la totalidad de los distritos. Hasta esas salas llegan miles de consumidores de drogas en busca de asistencia. Pero en muchos de ellos se torna difícil poder otorgarla.
Desde diferentes CPA denuncian retrasos de meses en el envío del dinero para el pago de alquileres, insumos, servicios de gas, luz y teléfono, y salarios. Algunos de ellos subsisten con las contribuciones que realiza el propio personal, y otros corren grave riesgo de dejar de funcionar si no se regularizan los pagos. Todos padecen un gran déficit en materia de recursos humanos. Veamos.
La comunidad terapéutica del distrito de San Martín no recibe el fondo fijo de 3.000 pesos mensuales por paciente desde el mes de noviembre.
Julio Ramos, subdirector de la institución donde se atienden a más de 50 casos mensuales, explica a La Tecla que el retraso en el envío del dinero responde “a las trabas burocráticas lógicas que se desprenden del traspaso de Adicciones a Desarrollo Social”.
Y, paciente, asegura que la situación “ya se está regularizando” porque “hay un compromiso de la Provincia de enviar el dinero en poco tiempo”.
En tanto, la presidenta del CPA de Quilmes, Cecilia Carbone, analiza la escasez de personal: “Los recursos humanos son pocos. Con un equipo de siete personas realizamos cerca de 500 intervenciones por mes”.
No obstante, se muestra optimista. “Desde SADA nos prometieron incorporar más profesionales en unos meses. Al menos, hay perspectivas”, dice, confiada.
La misma postal se repite en el Centro de Los Hornos, desde donde también reclaman más profesionales. “Las necesidades son inmensas. Y los recursos siempre son escasos”, asegura una empleada, que pide reserva de su identidad.
Todo a pulmón
En el CPA de General Madariaga cinco profesionales de la salud atienden a 40 pacientes por mes. Andrea Cuevas, responsable del centro asistencial, describe que la Provincia mantiene un retraso de cinco meses en el abono del alquiler y de los servicios de la sede.
La psicóloga expone: “Desde octubre nos deben el dinero de la renta (que es de 1.200 pesos) y de la caja (400 pesos). Son 7.400 pesos”. Desde entonces, los trabajadores del CPA asumieron los gastos para la manutención del lugar.
“Nosotros mismos compramos las cosas de librería, los insumos para el taller de guitarra y para el desayuno de los chicos. Por suerte, también hay gente y comercios que nos donan mercadería”, agrega.
Pero, con preocupación, relata: “Ya nos llegó un aviso de corte del gas y debemos dos facturas de luz. Además, el dueño de la casa en la que funcionamos tiene la mejor voluntad, pero nos dijo que si esta situación seguía un mes más se vería obligado a desalojarnos”.
Cuevas finaliza: “La respuesta de la subsecretaría es que todavía no terminaron de conciliar el paso del área desde un ministerio al otro. Aseguran que los gastos de caja chica no estaban contemplados en el presupuesto que tomó a su cargo Desarrollo”.
Con todo, desde Adicciones aseguran ante La Tecla que “en la tercera semana de abril, se mandará el dinero adeudado tanto al CPA de Madariaga como a los demás”.
Similarmente, los cuatro profesionales del CPA de San Justo continúan llevando adelante los tratamientos ambulatorios, los grupos terapéuticos y las derivaciones para internaciones, pese a no cobrar sus honorarios desde hace seis meses.
La demanda de atención en ese CPA de La Matanza es tan grande que recién están otorgando turnos para el mes de junio. Vilma, una de las empleadas, reseña: “La situación es desesperante. No tenemos insumos; nos están por cortar el teléfono porque debemos desde enero; hace tres meses que no cobramos la caja chica, con lo que compramos lo necesario para poder funcionar”.
“Eso impide que atendamos las llamadas de personas con problemas de adicción que quieran auxilio médico. Sin teléfono, no podemos ayudar”, confía.
“No tenemos ni papel higiénico y terminamos poniendo plata nosotros. Hace tiempo que no podemos enviar informes a los juzgados, no tenemos plata para el papel”, añade.
En ese populoso distrito del Conurbano, pero a varias cuadras de distancia, existe otro CPA con centro de día y grupos terapéuticos que estuvo a punto de cerrar por falta de pago del alquiler del local.
“Debíamos cuatro meses. Pero lo solucionamos cuando desde SADA enviaron el dinero”, señala Irene de la Fiore, terapeuta que atiende a un promedio de 320 personas al mes. “Ahora nos falta que paguen la caja chica, que tiene un retraso de cinco meses. También adeudan mis honorarios”, agrega.
Ya transcurrieron varios meses desde que se dispuso el traspaso de Adicciones. Es imposible, a esta altura, hablar de transición. El área es compleja y estuvo postergada durante años, y es hora de que los dirigentes pongan el carro en funcionamiento, porque los enfermos no pueden esperar.
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