13 de mayo de 2010
NOTA DE DESAFíO ECONóMICO
“La canasta de los alimentos que valen como oro”
La revista Desafío Económico publica hoy una minuciosa investigación sobre las compras en el Ministerio de Desarrollo, que dirige Álvarez de Olivera. El Ministro “licitó compras de azúcar, yerba, aceite, puré de tomates y corned beef con precios que superan a los de cualquier almacén de barrio. Los lazos familiares dentro del Ministerio. El antecedente del caso Lalín”
La nota completa puede leerse en la edición impresa de Desafío Económico.
Desde principios de año, el ministerio de Desarrollo Social licita compras de alimentos que llegan al millón de unidades aunque estima precios idénticos o superiores a los de cualquier góndola de un comercio de la Provincia. Lo llamativo de las adquisiciones es que la cartera que conduce Baldomero Alvarez de Oliveira no obtenga beneficios por compras mayoristas.
Los sobreprecios se repiten en distintas oportunidades y en productos que van desde el azúcar hasta la carne enlatada, al tiempo que crecen las sospechas sobre un ministerio con una tarea clave para aliviar los problemas de los sectores más desprotegidos.
Así, mientras en 2010 el gobierno de la Provincia anunció una reducción en los cupos de los comedores escolares, la cartera de Desarrollo Social destinó el mismo monto para un paquete de azúcar que para el almuerzo de un joven.
Se encuentran llamados a licitación en los que, por ejemplo, la botella de aceite de 750 ml se pagará 6 pesos, el paquete de yerba de medio kilo, 3 pesos y el corned beef -la carne enlatada- un valor que cuadruplica al precio minorista que luego de la publicación en el Boletín Oficial fijó la empresa proveedora gracias a un acuerdo con el Gobierno nacional.
A esto se suma un dato que vuelve escandalosa la situación. El director general de Administración de Desarrollo Social, José Pérez Domínguez, encargado de controlar y aprobar los gastos de la cartera, es familiar del ministro Baldomero Alvarez de Oliveira.
Aceite al doble que en el súper
El llamado a licitación 01/2010 del mes de enero calcula pagar 240 mil pesos por cuarenta mil unidades de aceite de 750 ml., lo que equivale a un valor de 6 pesos por botella. Hoy, en cualquier góndola de supermercado el precio de una botella de aceite de 900 ml. no alcanza los 4 pesos. Eso, teniendo en cuenta el avance de la inflación en lo que va del año.
La ecuación indica, entonces, que el precio que la cartera de Desarrollo Social calculó en enero por cada botella de aceite de 750 ml. duplica al valor minorista de cualquier comercio. Incluso, por el valor que el Ministerio estimó pagar, se consigue una botella del doble de contenido, es decir, de 1 litro y medio. Y eso, claro, sin tener en cuenta que la licitación indica una compra de 40 mil unidades, lo que obligaría a una reducción de precio por cantidad.
Yerba, azúcar y corned beef caros
En el Boletín Oficial del 25 de febrero se publicó el llamado a licitación 3/10 para tres productos alimenticios destinados a los almacenes de la Dirección de Asistencia Crítica, una dependencia cuyo fin es llevar alimentos e insumos para quienes se vean afectados por cualquier tipo de emergencia, generalmente climática.
En esa licitación pública, Desarrollo Social estimó gastar tres millones de pesos por la adquisición de un millón de paquetes de yerba de 500 gramos. O sea, calculó en 3 pesos el valor de cada paquete de medio kilo de yerba al por mayor.
Si la compra fraccionada del artículo y el tipo de producto elegido para situaciones de emergencia ya resultan sospechosos, vale observar, a modo de ejemplo, que en un comercio mayorista de la ciudad de La Plata el medio kilo de yerba de una de las marcas más reconocidas cuesta 3,30 pesos.
Es más: el kilo de yerba de la marca propia del mayorista cuesta 4 pesos. Nuevamente, para la cartera de Cacho Alvarez, comprar por un millón de unidades no genera descuentos.
Otro de los productos presupuestados dentro del llamado a licitación de febrero y destinados a la dirección de Asistencia Crítica, es el azúcar. Desarrollo Social calculó gastar tres millones de pesos en un millón de paquetes de un kilo. Es decir, tres pesos por kilo de azúcar blanca, común tipo A.
En el momento en que se publicó esa licitación, el paquete de azúcar Dominó, la marca cuyo precio regula el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, costaba 2,25 pesos en las góndolas de cualquier supermercado e incluso se conseguía a menos de tres pesos en un almacén de barrio.
En el supermercado virtual, el valor de un kilo de azúcar oscila entre los 2,80 y los 2,35 pesos, según la firma que comercializa el producto. En cualquier caso, la desigualdad ronda los 65 centavos de lo que paga Desarrollo Social por cada paquete. La diferencia total alcanza los 650 mil pesos.
¿No sabían del convenio?
La tercera oferta que figura en el llamado a licitación 2/10 de febrero, es de un millón 200 mil pesos por 150 mil unidades de latas de corned beef, la carne enlatada.
Lo que los funcionarios de Compras del Ministerio no tuvieron en cuenta a la hora de fijar en 8 pesos el valor unitario del producto es que en junio de 2008 el Gobierno nacional firmó un convenio con la multinacional norteamericana Swift para que la tradicional “viandada” -como se conoce popularmente al corned beef- se venda en cualquier supermercado a 2,50 pesos. O sea, menos de la mitad de lo que calculó pagar la cartera de Desarrollo Social.
Cuando se firmó ese acuerdo, que fijó mantener el valor del enlatado por dos años, tanto en los mercados argentinos como en los de la Provincia, la presidenta Cristina Kirchner solicitó a los empresarios de Swift que imprimieran el valor convenido en las latas, para evitar que los supermercados “o cualquier otro que no agregó nada de valor productivo’’ los vendiera a un precio superior. Si en la cartera que conduce Alvarez de Oliveira hubiesen tenido en cuenta este convenio, habrían podido ahorrarse los 825 mil pesos que se pagaron de más en esta adquisición.
Ministerio en crisis
Los problemas con las compras en el ministerio de Desarrollo Social no son nuevos. En marzo del año pasado se hizo una compra de azúcar en la que se pagó 2,37 pesos la unidad.
Aún así, en medio de estas obscenas maniobras de compras, las explicaciones y la información -de carácter público- escasean por parte de los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, que eligen el silencio y las evasivas ante las reiteradas consultas de Desafío.
Desde la Dirección de Compras y Contrataciones, distintos empleados dicen que la apertura de sobres de las licitaciones se realizó, pero que “llamativamente” las ofertas no tardaron “3 o 4 días, como suele pasar” en llegar a las oficinas de preadjudicaciones, sino que recién a mediados de abril llegó una oferta sobre yerba para ser evaluada.
Según los empleados de esa dependencia, al día de hoy no hay ofertas presentadas para ninguno de los otros llamados a licitación.
Sumado a esto, en la oficina de Compras se negaron a brindar información respecto de los oferentes: “A mí me dicen que no diga nada”, deslizó uno de los empleados. Consultado respecto de los motivos del encarecimiento de los valores de los productos licitados, argumentaron que en muchas ocasiones el gobierno recién paga sus compras un año después de recibir la mercadería.
Una semana después de publicado el llamado a licitación por yerba, azúcar y corned beef, el ministerio hizo un nuevo llamado -número 04/2010- para la obtención de purés de tomate.
En este caso se dio un paso adelante, ya que calculó pagar 2,10 pesos por cada unidad, un precio que está por debajo de los valores que ofrecen los almacenes de barrio. Sin embargo, una rápida consulta a cualquier mayorista muestra que comprando más de seis unidades, el valor por cada unidad es de 1,75 pesos. Nuevamente, se calculó un precio minorista para una compra mayorista.
Números en rojo
Mientras las cuentas de Desarrollo Social no cierran, las quejas por atrasos en los pagos y secretarías “abando-nadas” crecen día a día. El presupuesto oficial de la cartera para 2010 es de 2.934.599.000 pesos ya que es uno de los ministerios que más dinero recibe, luego de Educación, Seguridad y Salud. A pesar de esto, los escándalos resuenan por la escasez de fondos.
Durante marzo se anunció que se aumentaría la cápita destinada a cada alumno en los comedores escolares de la Provincia. Mientras el año pasado se destinaban dos pesos al almuerzo de cada joven, este año el número ascendería a tres. Lo que el anuncio de Desarrollo Social no contaba es que junto al aumento de la cápita vendría una reducción del 25 por ciento de los cupos en los establecimientos. O sea, se aumentó el dinero destinado al almuerzo de cada chico, pero se redujo la cantidad de comensales.
Distintos legisladores presentaron pedidos de informe a la Provincia por las escuelas que cierran sus puertas, ya que en la mayoría de los establecimientos prefieren no dar clases antes que elegir a dedo a los 80 o 100 alumnos que no tendrán qué almorzar.
Los problemas de la cartera no terminan allí. Desde los Centros Preventivos Asistenciales (CPA), que asisten a personas con conductas adictivas y trabajan en la prevención del consumo de drogas, denuncian que en muchos casos los propios profesionales deben hacerse cargo del mantenimiento de los centros porque desde la Provincia hace meses que no pagan los alquileres ni los impuestos.
Algunos trabajan sin teléfonos y otros directamente no tienen insumos para atender a las más de 500 consultas que reciben por mes.
También hay grandes retrasos en los pagos a las becas de los estudiantes y deudas de más de seis meses con quienes son proveedores o transportan los alimentos adquiridos por la cartera.
Con semejante panorama, resulta bochornoso que el ministerio de Desarrollo Social se dé el lujo de calcular sus gastos en alimentos con sobreprecios que duplican y triplican a los de las góndolas.
Un plan con mala leche
Las irregularidades y sospechas en torno a la compra y distribución de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social no son nuevas ni aparecen como hechos aislados. En enero de 2009, un bloqueo del sindicato de camioneros a un galpón dejó al descubierto la privatización del servicio de almacenamiento y distribución de leche en manos de la empresa Aliment’ar SA, propiedad de los hermanos Jorge y Daniel Lalín, este último conocido por fundir a Racing.
La protesta sacó a la luz que esa em-presa se encarga de almacenar y distribuir los alimentos destinados al Plan Más Vida, un programa del ministerio dependiente de la dirección provincial de Seguridad Alimentaria, que en 2008 manejó un presupuesto de 924 millones de pesos.
El programa tiene como objetivo “disminuir el impacto de la pobreza en la población materno-infantil en situación de vulnerabilidad para mejorar las condiciones de educabilidad”, se implementa en 51 distritos y beneficia a más de 200 mil familias de bajos recursos.
Por el servicio de alamcenamiento y distribución de la leche del Plan Más Vida, Desarrollo Social abona cifras millonarias cada año a la firma de la familia Lalín.
Hasta 2008, la proveedora estatal cobró del Ministerio entre 35 y 63 millones de pesos por año, en un único pago.
De recibir 35.540.762 de pesos en 2003 y 2004, el pago a Aliment’ar se duplicó al año siguiente, cuando obtuvo 63.443.819 de pesos. En 2006 y 2007 la suma se redujo en cinco millones, aunque 58.563.525 de pesos no parecen un ingreso despreciable.
En el momento en que salió a la luz la privatización del servicio de almacenamiento y distribución de alimentos por parte de Aliment’ar, desde Desarrollo Social informaron a Desafío que a partir de la implementación de las tarjetas magnéticas de débito para los beneficiarios del Plan Más Vida, la empresa de Lalín sólo traslada leche a las secretarías de Desarrollo de los municipios de la Provincia, que a su vez las distribuyen a las manzaneras y comadres.