La Corte dirimirá la interna justicialista
La presidenta destituida, Rosana Di Pascuale presentó una denuncia penal por lo ocurrido el pasado 12 de abril. Acusa a los concejales peronistas de usurpación de cargo, abuso de autoridad, amenazas e intimidación pública. Sin embargo como “vuelto”, también hay denuncias en su contra. El video de la sesión serviría de prueba
La escandalosa sesión del Concejo Deliberante de Pinamar tiene su correlato en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tanto la presidenta destituida, Rosana Di Pascuale, como quien la reemplazó en el cargo, Alfredo Baldini, presentaron sus denuncias. Así también lo hizo un particular acompañado por el Secretario del Bloque encabezado por Ricardo Porretti.
Rosana Di Pascuale denunció a la oposición, especialmente el bloque del Partido Justicialista, por conflicto de poderes, pero se suman también causas por los delitos de usurpación de cargo, abuso de autoridad, amenazas o intimidación pública.
Por su parte, el fiscal Cristian Centurión explicó los detalles de las denuncias. “Lo que se investiga es el mismo hecho, lo que sucedió en la sesión, y de una parte y de otra se hacen acusaciones prácticamente por los mismos delitos”, sostuvo.
El video obtenido de la sesión violenta de ese día será una prueba fundamental para la Justicia. “Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir del video que ustedes aportan, los testimonios y las pruebas que tenemos, recrear lo que sucedió ahí. Luego vamos a ver si alguna de las conductas de los participantes está tipificada como un delito y si ese delito admite algún autor”, recalcó.
“En la vía penal, nosotros tenemos que investigar si hay algún delito, esto es lo que hacemos nosotros en la fiscalía. La misión de la fiscalía no es decir `Usted sí, usted no´, eso que quede bien claro. Entiendo que es la Corte la que tienen que dirimir”, manifestó.
El intendente Blas Altieri, en tanto, ya adelantó que no tomará como válido el accionar de la presidencia del cuerpo por parte de Baldini hasta que el tribunal no se expida, ya que entiende que, si bien el cuerpo podía cambiar su presidente, la sesión donde estalló el conflicto fue suspendida de acuerdo al reglamento por la presidente Di Pascuale en uso de sus facultades como tal, por lo que todo lo posterior es “nulo de nulidad absoluta”.