20 de julio de 2012
ECOS DEL DIVORCIO
Discusión por los recursos del juego
La decisión de Scioli para conseguir fondos, el proyecto de la oposición requerido por Mariotto para darle impulso, la licitación por el sistema online de captura de datos; todo en medio de la interna oficial
Siempre controvertida, polémica y sospechada, la relación del juego con la política ahora también se cuela en la disputa entre Provincia y Nación, y es, en la división de bienes entre Daniel Scioli y su vice, Gabriel Mariotto, otro asunto de alto conflicto.
Tres circunstancias, dos de las cuales van de la mano y la tercera involucra a dos empresas reconocidas en el ambiente lúdico, forman un combo explosivo en estos días agitados de la interna del FpV.
A saber: la decisión de Daniel Scioli de extender las licencias de los bingos con vencimientos entre este año y 2016, el proyecto de ley que busca aumentar los impuestos abonados por las empresas explotadoras de las salas en la Provincia -y que iría a contramano de la extensión por decreto-, más el llamado a licitación para el servicio de captación de datos online de Loterías, ponen el centro de la atención en una actividad siempre rentable y discutida.
La resolución 1.078/12 del Instituto de Loterías y Casinos posibilita a 19 empresas extender sus licencias hasta 15 años (es decir, 2027), pese a que algunas de ellas vencen en 2016. Otras 27 salas ya habían logrado extender licencias mediante contratación directa hasta 2021, en anteriores administraciones.
Todas deberán pagar, además, un canon anual y un canon mensual durante doce meses. Entre estas erogaciones y las renovaciones de licencia, el fisco recaudará unos 1.500 millones de pesos, lo que el Gobernador necesita para cubrir aguinaldos y no comprometer al menos los sueldos de los próximos dos o tres meses.
En medio de la guerra, para muchos es una “maniobra brillante” del mandatario bonaerense, que esquiva temporariamente el ahogo nacional y reduce la cantidad de cuotas en las que tenía previsto abonar el sueldo anual complementario.
Para Gabriel Mariotto, en cambio, la salida encontrada por Scioli carece de la “discusión pública” a la que pretende recurrir en todos los temas de trascendencia.
El atajo legal de la Gobernación es que esta manera de la resolución refrendada por decreto viene ejercitándose desde 2006, cuando lo hizo por primera vez Felipe Solá. También Scioli renovó licencias de manera directa en su primer mandato.
Sectores de la oposición consideran que “el canon que van a pagar las empresas para explotar los bingos representa menos de las utilidades que esas empresas se llevan en un solo año”.
Precisamente en la oposición, específicamente en la Coalición Cívica (CC), Mariotto encontraría la piedra para poner en el zapato del Gobernador. Cosas de la política. Hace algunos meses nadie daba dos pesos por una iniciativa de los ex aliados de Elisa Carrió, quienes desde hace tiempo peregrinan con esta cuestión del juego.
Walter Martello es el diputado más insistidor en el asunto, y quien considera que el juego debe estatizarse para “obtener por parte de la Provincia unos 5.500 millones de pesos anuales, que ahora se llevan las empresas”. De hecho, tiene un proyecto de ley presentado en el que propone la estatización de los bingos y de la captura de datos online a medida que venzan las licencias. Por ahora, el texto duerme la siesta.
En cambio, otro proyecto de ley de Martello y de la senado-ra María Isabel Gainza fue requerido con urgencia por Mariotto. Casi al mismo tiempo que en la Gobernación daban los toques finales al decreto, operadores del vice insistían en la oficina del diputado de la CC para que les enviaran el texto por el cual se propone incrementar los cánones que abonan las empresas explotadoras de las máquinas tragamonedas.
La Legislatura nunca quiso quedar afuera de la discusión por la distribución del juego, pero ahora se suma el aditamento de la crisis interna entre el Gobernador y el vicegobernador. Avanzar con una ley que retoque los tributos sería poner en discusión también el decreto que extiende las licencias con los mismos porcentajes de siempre.
Incluso anularía la salida de Scioli y podría comprometer a la Provincia ante la Justicia. Es obvio: quienes extiendan las licencias ahora, y paguen por ello, no tolerarán cambios de reglas después.
Las empresas bingueras abonan actualmente al fisco 1.731.299.000 pesos por año (de acuerdo a las utilidades de 2010), y pasarían a pagar 3.338.479.000 pesos.
Uno de los puntos que propone la CC es que el 70 por ciento de las utilidades brutas producidas por las máquinas sean para el fisco de la Provincia, “suma que será distribuida directamente por el organismo de aplicación de la presente Ley conforme lo determine por reglamentación el Poder Ejecutivo. A este fin deberá participar a las Municipalidades, cuenten o no con Salas de Juego en su territorio”, según plantea la inciativa.
De acuerdo a los cánones actuales, cada cien pesos derivados del producido del juego, diez quedan a favor del operador y la entidad de bien público, y sólo cinco para el fisco provincial, de los cuales un peso se destina a educación, veinticinco centavos para los municipios, cincuenta y cinco centavos para rentas generales, un peso con veinticinco centavos para programas de empleo, noventa y cinco centavos se destinan para asistir a los hipódromos y un peso para la Policía.
“Se pretende invertir la ecuación de utilidades a favor del Estado y que según la le-gislación vigente otorga a las empresas de la industria de los juegos de azar ganancias en nuestra provincia que no obtienen en nin-gún otro lugar del mundo”, aseguró Martello.
Por último, el llamado a licitación para la contratación del sistema de captura de datos online de Loterías también se entromete en la interna política. El servicio lo presta actualmente la firma Boldt, cuestionada por el Gobierno nacional, sobre todo por el vicepresidente, Amado Boudou; pero podría quedárselo una de las empresas del kirchnerista Cristóbal López (ver aparte).
“Solamente dos empresas pueden presentarse, porque, al fijar un justiprecio tan alto (más de 7.600 millones de pesos), la capacidad financiera de esas empresas tiene que ser muy alta, debe estar relacionada con el justiprecio”, advirtió el propio Martello, autor de un pedido de informes al respecto que el kirchnerismo legislativo avaló.
El controvertido tema del juego se mete de lleno en la interna del oficialismo, y se convierte en un arma de doble filo para los contrincantes. En la Legislatura, con Mariotto a la cabeza, creen que es una buena salida para apaciguar la sequedad de las arcas bonaerenses, pero fundamentalmente creen que avanzar sobre una nueva ley pue-de ser un golpe duro a dos jugadas de Scioli: la primera, para conseguir recursos de in-mediato, y la segunda, para dar más señales de alineamiento a la Rosada.