19 de marzo de 2013
POR IRREGULARIDADES
La oposición quiere investigar al IOMA
Desde un sector opositor buscan crear una comisión investigadora para conocer detalles de cómo se utilizan los fondos que se le asignan a la obra social y conocer los detalles y “el negocio de las tercerizaciones”, argumentaron
Con una creciente ola de reclamos por parte de los usuarios que cuentan con la cobertura médica del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por el servicio, el presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora en la Legislatura bonaerense.
El objetivo de la creación de la comisión es indagar sobre cómo se utilizan los $8.100 millones de presupuesto que tiene asignado el IOMA y sobre distintas irregularidades que se estarían registrando en ese organismo.
Según explicó el legislador, “la iniciativa surge tras las denuncias que vienen realizando profesionales y numerosos afiliados de la obra social, afectados por las constantes demoras en la entrega de medicamentos de alto costo (drogas oncológicas, remedios para HIV, insulina, etc.)”.
“El presupuesto de la obra social fue uno de los que más creció en la administración pública bonaerense, desde que Scioli asumió como gobernador. Pero la calidad de las prestaciones viene en caída libre. De ahí que exista la sospecha de que una parte de estos recursos se deriva a financiar la política”, afirmó Martello.
Desde 2008 a 2013, el presupuesto asignado al IOMA aumentó casi 300%, mientras que la variación interanual 2012-2013 dio como resultado un incremento de casi 32% (de $6139 millones a $8.102 millones), por encima de la inflación real.
Según Martello, los incrementos de los ingresos estuvieron acompañados por la eliminación de mecanismos de control interno, mediante tercerizaciones de distinto tipo.
El legislador ejemplificó sus dichos: “El año pasado, los proveedores de prótesis y los responsables de las clínicas privadas que trabajan para el IOMA comenzaron a firmar un convenio muy controvertido, habilitando a una serie de firmas y entidades intermediarias para que se queden con el 6% del valor de cada implante o prestación. El convenio estipula que ese dinero es para tareas de administración, auditoría y control, cuando esa función debería estar siendo realizada por profesionales del organismo”.
“Este esquema de tercerizaciones también viene aplicándose, desde hace años, con el suministro de drogas de alto costo (HIV, oncológicas, insulina, etc.), que forman parte del Plan Meppes. Allí interviene la gerenciadora Farmalink, un emprendimiento empresarial que actualmente gestiona los dos convenios más grandes de la seguridad social de la Argentina, IOMA y PAMI, en representación de los laboratorios nacionales y multinacionales que componen la industria farmacéutica del país. De esta empresa también depende el Centro de Autorizaciones de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (Camoyte).”, explicó Martello.
Según indicó el titular de la bancada de la CC, "las principales demoras en la entrega de medicamentos se registran en el Plan Meppes, un convenio que actualmente insume más del 50% del gasto total en remedios ambulatorios que realiza la obra social. Farmalink y el Camoyte asumieron, en gran parte, el rol que antes cumplían los farmacéuticos. El fracaso de este modelo y de la gerenciadora es total. La falta de medicamentos está poniendo en riesgo los tratamientos y la vida de los pacientes", concluyó el legislador provincial.