24 de noviembre de 2013
NUEVOS CONFLICTOS
A Pinamar no llega nunca la paz
Otra vez el distrito costero es noticia por sus vaivenes políticos. Ahora los denunciados penalmente son los concejales. Seis de ellos están sospechados de falsificar el acta que destituyó a Altieri
A esta altura del año se tendría que estar hablando de las virtudes veraniegas que posee el distrito, de los alquileres de departamentos o de los precios de las carpas en la playa. Sin embargo, la espinosa política de Pinamar ha florecido una vez más. Es sabido que el territorio hoy gobernado por Hernán Muriale tiene una historia de destituciones.
En 2008, el intendente electo Roberto Porretti -actual concejal del FpV- fue removido de su puesto por ser considerado responsable de diez infracciones, entre ellas un sospechoso cobro de coimas para la habilitación de un boliche nocturno. Su reemplazo por el entonces presidente del Concejo Deliberante, Rafael de Vito, lejos de apaciguar las aguas, generó nuevos bretes en la política local. De Vito dejó el sillón municipal luego de que Blas Altieri volvió a ser elegido en los comicios anticipados de 2010.
El año pasado Altieri fue acusado por el cuerpo legislativo de treintaiún cargos, entre ellos haber cedido a sus hijas y otros familiares departamentos de un complejo de viviendas sociales.
Con todas esas imputaciones, el HCD lo destituyó. Sin embargo, el ex alcalde apeló, y será la Corte bonaerense la que dé el último veredicto.
Pero, como se dijo, la política pinamarense no tiene paz. Ahora un fiscal se sumó a la polémica, y llamó a declarar y a estampar una plana manuscrita a los ediles que integraron la Comisión Investigadora, para cotejar las firmas del texto final que removió a Altieri. Además para saber si el horario que figura en el acta 13 se condice con el momento en que se desarrolló la sesión.
La aparición del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFID 3 pinamarense, se debe a una denuncia penal que plasmó el actual intendente, Hernán Muriale, ladero de Altieri, en desmedro de seis concejales que, a su entender, idearon su destitución.
La denuncia impulsada por el oficialismo sostiene que manejan irregularidades en la confección del informe final de la Comisión Investigadora, concretamente, que varios de los firmantes no se hallaban presentes a la hora de su suscripción, así como también que fue elaborado en el hotel Libertador que se encuentra ubicado frente al palacio municipal y no en el recinto, como marca la ley.
En el famoso acta número 13 consta que el 15 de junio de 2012, a las 15 horas, los concejales radicales Gabriel Vidauli, Mercedes Taurizano y Fernando Avila; la massista Rosana Di Pascuale (hermana del diputado provincial Marcelo Di Pascuale); el ex edil y actual secretario de Turismo local, Alfredo Baldini; y el ex intendente y actual concejal kirhnerista Roberto Porretti, aseveraron que formaron “el quórum necesario para sesionar” y, luego de un cuarto intermedio hasta las 19.30 horas, trataron el informe final de la Comisión Investigadora” que debía dar cuenta del accionar de Altieri y en virtud de los cuales “acuerdan darlo por leído y proceden a someter el mismo a votación para su aprobación”.
“Lo que se está investigando es si el horario del comienzo de la sesión que consta en el acta fue adulterado a propósito, es decir, con dolo”, indicaron desde la fiscalía.
Por su parte, el entorno de Altieri señaló que “los integrantes de esa comisión se reunían en el hotel Libertador, que está al frente del municipio, en vez de en la municipalidad, como corresponde. Todo se tramó afuera del palacio municipal. Cada vez que concurrían al recinto, ellos exponían sus argumentos y no le daban la palabra a ningún otro concejal”.
En su exposición, tanto Muriale como Altieri sostuvieron que ese día no hubo sesión, por lo cual pidieron la nulidad absoluta de lo realizado y apuntaron contra los ediles opositores. “Existe un cuadro de sospecha que indicaría que los citados concejales no se reunieron en el lugar y la hora señalados”, afirmaron desde el oficialismo, y agregaron que no se habría realizado reunión y sesión alguna en el recinto, por lo cual no habría existido el “número suficiente para sesionar”.
La investigación del fiscal Calderón tratará de esclarecer si el horario que figura en el acta fue un error de tipeo o se hizo con intención de perjudicar a alguien. Si la Justicia comprueba que se actuó con intención de perjudicar a Altieri, la pena que correspondería a los concejales sería de uno a seis años de prisión, por falsedad ideológica de instrumento público.
El complicado panorama en tierra pinamarense, ex paraíso menemista en los años noventa, posterior refugio duhaldista y, en la actualidad, lugar de descanso de buena parte del actual gabinete kirchnerista y sciolista, aún continúa con su triste realidad.
El tiempo y la Justicia deberán, una vez más, dictar un veredicto y señalar cómo continúa el horizonte político. Las dudas son muchas. De un lado y del otro se acusan de farsantes, mientras aguardan el fallo judicial. Un dato importante: en el caso de que la Corte provincial y la nueva investigación sobre la supuesta falsificación del instrumento público fallen a favor de Altieri, el empresario podría volver al frente del municipio de la localidad costera.