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7 de diciembre de 2016
COLETAZOS

Nueva renuncia a raíz de las denuncias contra la anterior gestión del Ministerio de Trabajo

Luego de la salida de Marino Calcopietro, presentó su dimisión quien el titular de la Dirección Nacional de Fiscalización, Raúl Ferrara. Según trascendió, tomó la decisión en rechazo a la denuncia contra subdirector nacional de Relaciones del Trabajo de la Nación, su amigo personal. "Aún quedamos personas con dignidad y ética en la política", dijo a LaTecla.info sobre su renuncia.

Nueva renuncia a raíz de las denuncias contra la anterior gestión del Ministerio de Trabajo
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Este martes por la mañana se conoció la noticia que a raíz de una denuncia del actual ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, desde Nación decidieron apartar a Marino Calcopietro, subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, quien cumplió funciones durante la gestión anterior, a cargo de Oscar Cuartango.

Se lo acusó de ser el responsable de otorgar certificados a empresas de transporte de pasajeros de manera irregular y sin el cumplimiento de algunos requisitos legales.

A raíz de la denuncia, quien decidió también pegar el portazo fue Raúl Ferrara, titular de la Dirección Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo y amigo personal de Calcopietro. "Mi renuncia dice 'renuncia indeclinable x razones personales'. No hubo pedido de renuncia ni yo la puse a consideración de mis superiores", dijo Ferrara ante la consulta de LaTecla.info.

"Fue mi decisión personal. No quiero excederme en los comentarios porque aún quedamos personas con dignidad y ética en la política", añadió, evidentemente ofuscado por la situación.

Ferrara también fue trasladado al Ministerio de Trabajo de la Nación luego del cambio de Gobierno. Hasta diciembre de 2015 se desempeñó como director provincial de Inspección, también bajo la órbita de Oscar Cuartango.

Luego de conocerse la denuncia y posterior renuncia, Calcopietro dialogó con LaTecla.info y negó las acusaciones en su contra: “No existe ningún delito ni connivencia alguna con las empresas de transporte”.

“Todas las imputaciones están totalmente fuera de contexto en virtud de las reales circunstancias del transporte público en el país. Para entender esta situación se deben tomar como parámetro los certificados de ley 10490, que se emiten semestralmente para que las empresas puedan funcionar, teniendo en cuenta las obligaciones previsionales, laborales y de la seguridad social”, agregó a este medio.

Asimismo, sostuvo que “siempre se emitieron cumplimentando los requisitos previamente o en forma posterior, teniendo en cuenta la realidad de la situación que amerita que las empresas de transporte deban funcionar por ser un servicio esencial que se le brinda a la población”. Y abundó: “De otra manera, por un trámite burocrático, se paralizaría todo el transporte público en la provincia de Buenos Aires”.

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