La Tecla
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"Casi 250 trabajadores y trabajadoras de Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (FANAZUL) han quedado en la calle por la decisión arbitraria del gobierno nacional quien, guiado por una visión economicista y ajustadora, cerró y puso en situación de desguace una empresa estratégica para los intereses nacionales y para el desarrollo local. Declaramos nuestro total repudio a los despidos y exigimos al gobierno provincial que tome cartas en el asunto para evitar el cierre de la fábrica que impacta sobre la economía de toda la región", apuntaron.
En ese sentido, compararon el contexto actual con los 90 y aseveraron que los 12 años de gobiernos kirchneristas lograron sacar al país del neoliberalismo pero la gestión actual de Cambiemos se está encargando de llevar a Argentina de nuevo hacia ese escenario.
“Retorna ahora el mismo modelo neoliberal, de la mano de un gobierno para ricos, que no contento con el tarifazo que produjo aumentos en todos los servicios públicos, produce con sus políticas el brutal ajuste en el bolsillo de los trabajadores, así como una escandalosa reforma previsional que reduce los haberes de los jubilados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y veteranos de Malvinas, destruyendo la capacidad adquisitiva de cientos de argentinos y argentinas”, explicaron.
“Similar reforma previsional se pretende impulsar bajo el nombre de “armonización previsional” (comprometida en el Consenso Fiscal firmado entre Vidal y Macri), respecto del régimen jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, transfiriendo recursos de trabajadores y jubilados para cumplir con los compromisos asumidos con los organismos multilaterales de crédito. Rechazamos absolutamente esta política de ajuste en los trabajadores y jubilados”, detallaron.
En ese sentido, los intendentes del interior valorizaron su rol al señalar que “tuvieron que hacerse cargo de la situación de sus vecinos”.
Dentro de este marco criticaron la presión por parte del gobierno bonaerense para que los jefes comunales adhiramos a una Ley de Responsabilidad Fiscal a la que llaman “pacto”, “pero que nada tiene de consenso ya que se están ejerciendo presiones verdaderamente extorsivas para conseguir su firma”.
“Dicho “Pacto Fiscal” es flagrantemente violatorio de la autonomía de los municipios, la cual reivindicamos como la herramienta más importante con la que cuenta la provincia y la Nación Argentina para sostener un desarrollo armónico, industrializado y federal”, agregaron.
Asimismo, sostuvieron que “en cumplimiento de nuestra responsabilidad, exigimos a la gobernadora una profunda rediscusión del régimen de coparticipación que, entre otras cosas, retorne la implementación de herramientas como Fondo de Infraestructura Municipal, lo cual se había constituido en una herramienta válida para permitirle a los municipios la realización de obras necesarias para su desarrollo local, orientando fondos de una manera más federal y menos discrecional”.