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La Tecla
Redacción
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Garavano y Ferrari acordaron llevar oficinas de Justicia a asentamientos
El titular de la cartera de Justicia a nivel nacional y su par bonaerense se comprometieron a instalar oficinas en cuatro barrios en los que se están llevando adelante trabajos de urbanización de la administración de María Eugenia Vidal.
El ministro de Justicia de
Los funcionarios acordaron llevar las oficinas para los habitantes del barrio Itatí de Quilmes, Porá de la localidad de Lanús, Carlos Gardel del municipio de Morón, Costa Esperanza de San Martín, Libertad de Almirante Brown, y el barrio
El convenio establece que se impulsarán proyectos que apunten a realizar relevamientos sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en esos lugares; la instalación de equipos territoriales provisorios para atender requerimientos socio-legales de los habitantes, como también la puesta en marcha de Centros de Integrales de Justicia (CIJ), para facilitar la presencia de organismos públicos relacionados con el acceso a la justicia.
"Este convenio va en sintonía con uno de los ejes de nuestro gobierno y el Gobierno Nacional, que es el de consolidar el Estado de Derecho y atender a los principios constitucionales para que el sistema de justicia de respuesta a las crecientes demandas de la población", explicó en este marco el ministro Ferrari.
Señaló que la medida representa “un paso más en busca de suprimir las barreras que restringen el ejercicio pleno de derechos de los habitantes de los barrios de asentamiento de
El acuerdo se firmó en el marco del proceso de urbanización que lleva a cabo en los barrios, y el OPISU, una de las partes firmantes, es el organismo provincial que tiene a su cargo la tarea de las mejores condiciones de hábitat, y busca promover procesos de regularización de barrios informales.
Entre los organismos que prestarán servicios en los CIJ, se encuentran los Centros de Acceso a
Por su parte, el ministro Garavano enfatizó que los centros representan “la puerta de acceso a todos los servicios del Estado”. “Los vecinos podrán hacer trámites de reincidencia, acceder a la tarifa social, a programas sociales, tramitar documentación personal, iniciar mediaciones comunitarias. Y, además, con un abogado, un psicólogo y un trabajador social se colaborará en casos de violencia de género o doméstica, temas de conflictos laborales o denuncias penales, consultas por PAMI o ANSES”, afirmó Garavano.
El acuerdo hace hincapié en la necesidad de profundizar la articulación entre los organismos que intervienen en el proceso de asistencia a las víctimas a fin de unificar criterios y desarrollar estrategias de trabajo conjunto.
La guía busca garantizar que las víctimas conozcan sus derechos y reciban información apropiada, que se les brinde una asistencia adecuada a la edad, el sexo, el género y las necesidades. Además busca brindar una asistencia multidisciplinar, que ofrezca asistencia y protección evitando la victimización secundaria.