La Provincia de Buenos Aires arrastra problemas estructurales de financiamiento. Esto no es nuevo. Es algo que todos los gobiernos y administraciones económicas provinciales que se han ido sucediendo, saben. Han ido entonces buscando cómo lidiar con ello.
Tres décadas de endeudamiento provincial nos llevan a un punto inicial: la cesión a nación en los ochenta de seis puntos porcentuales de la coparticipación federal correspondiente a la provincia, compensada parcialmente con el Fondo de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires desde 1991 hasta su congelamiento (a partir de 1996) y por la transferencia de los servicios educativos nacionales a la Provincia, pero sin fondos, hecho que explica nada menos que un tercio del crecimiento de la deuda en los 90’.
Para el cambio de siglo, iba a producirse el pico más alto de endeudamiento, durante la tremenda crisis económica de 2001 y la maxidevaluación de 2002. En ese momento la deuda provincial se cuadruplicó en moneda local, y en relación porcentual con el presupuesto.
Sin embargo, tal como se refleja en el gráfico, las políticas aplicadas desde allí en adelante, evidencian una disminución paulatina del peso de la deuda, hasta llegar a un 41% del presupuesto provincial en 2015. En ese caso, sí se aplica el “sí se puede”…
Pues resulta que viendo los datos, y a pesar de las afirmaciones constantes a la “pesada herencia”, la gobernadora María Eugenia Vidal no recibió una provincia quebrada. Hay que recordar los graves lamentos que hubo que escuchar cuando, al asumir en diciembre de 2015, no contaba con los fondos atesorados para pagar los aguinaldos. Sin embargo, y tal como el gobierno oficializó en los prospectos de deuda, tras la costosa cancelación buitre del gobierno nacional, podía emitir deuda internacional en los mercados voluntarios de capitales con las mismas finanzas que encontró al día del inicio de su gestión.
Ahora, ¿qué pasó a partir de allí? Entre el 9 de diciembre y el cierre del ejercicio 2015 el stock de deuda bonaerense creció 30,7%. Ello se debió a dos cuestiones: prácticamente los dos tercios de ese aumento se explican por la devaluación, es decir, por la modificación del tipo de cambio en un 34%. Esa depreciación del peso se traslada en un crecimiento de la deuda en moneda local. El restante porcentaje del aumento se debió al auxilio financiero que la Provincia recibió de la Nación (vía asistencia financiera de $10.840 millones netos) principalmente para cancelar los sueldos de diciembre de 2015.
Al cierre de 2015, el total de la deuda era de $122.084,6 millones. Pero eso no es todo, sino que se seguirían incrementando hasta llegar a más del doble al cierre de 2017. Y algo aún más preocupante: el peor trance estará dado por la valuación de la deuda al primer semestre de 2018, debido al efecto de la depreciación del 54% del peso, que pasó de valer $18,65 a fin de diciembre de 2017 a $ 28,86 a fin de junio de 2018.
Con las cuentas como estamos, el presupuesto aparece complicado. Los recursos genuinos de nuestra provincia previstos desde ya aparecen insuficientes para afrontar el impacto que tendrá el creciente peso de los servicios de la deuda.
Esos intereses han aumentado alrededor de un 20% respecto de los que habían sido previstos para 2018. ¿Cómo va a financiar la provincia un presupuesto que ya no cierra? Evidentemente esta estimación de mayores gastos implicará la resignación de alguna otra erogación del gasto, ya que difícilmente los recursos muestren tanta flexibilidad en un escenario recesivo.
El déficit estimado en el presupuesto es de 31 mil millones de pesos, y las amortizaciones del stock de deuda pública serán algo superiores a 36 mil millones. Para solventarlo, la provincia tiene autorizadas fuentes financieras en el Presupuesto 2018 mayoritariamente a través de diversas operaciones de crédito público; algunas con propósitos de financiamiento un poco más amplio y otras con financiamiento afectado a obras o programas específicos.
La provincia ya emitió bonos previstos legalmente por 30.000 millones de pesos para abril de 2018, que extienden su validez hasta ese mismo mes de 2025. Eso implicó comprometer el 51% del total de esas autorizaciones. Queda habilitado un 49%. Pero el problema aquí es también que el financiamiento es cada vez más caro.
La gestión de Vidal hace, como en casi todas las áreas de la política pública, anuncios engañosos. Afirma luego de cada emisión de bonos, que las tasas son continuamente menores. Pero utiliza valores nominales que en términos comparativos son inexactos: por ejemplo en el caso de los bonos emitidos en mayo de 2017, las tasas que se anuncian al 23,4%, terminan siendo tasas del 31,5% a la hora de cortar el primer cupón, y lo serán del 37% en el próximo.
En síntesis, estamos ante una tendencia gravosamente creciente de la deuda de la provincia, con mayores obligaciones en dólares, con vencimientos más cercanos, y donde las cargas de los intereses pesan cada vez más en el presupuesto de la Provincia, condicionando cualquier decisión de política económica. Reduciendo el margen para decisiones fundamentales para impulsar crecimiento y desarrollo.
Esta gestión incrementó un 217 % la deuda nominal. Valuada en dólares equivalentes, aumentó un 43%.
En términos relativos respecto del presupuesto, pasó del 41% a más del 60% en el primer semestre de 2018. Los servicios de la deuda crecen unos $13.000 millones adicionales. Todas estas son señales de alarma.
Estamos preocupados, especialmente porque tenemos vocación de gobernar esta querida provincia, porque tenemos convicción de hacerlo para mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. Porque no nos queremos conformar con quejas a herencias pasadas. Por esa razón, necesitamos frenar esta escalada de endeudamiento, si pretendemos tener posibilidades de reconstruir y recomponer nuestra economía provincial a partir de 2019.
