24 de octubre de 2018
INFORME
Poder judicial: mani pulite o persecución
¿Hay, verdaderamente, una corporación judicial mafiosa o existe una búsqueda por parte del oficialismo de acomodar la Justicia provincial a su medida? El trasfondo de una pelea que está en su punto más álgido. Las presiones políticas y las respuestas de jueces y fiscales
“Está muy claro que Cambiemos ha perseguido jueces a través de algunos de sus aliados, como el caso de Hilda Kogan, cuando fue presidenta de la Corte, o Julio Conte Grand, exfuncionario de Vidal y actual Procurador bonaerense”, dice, sin vueltas, el destituido juez de La Plata Luis Federico Arias, quien se ubica en el bando de los “perseguidos”.
“A través de mis fallos toqué muchos intereses económicos y políticos”, fundamenta el exmagistrado, que saltó a la fama pública por su accionar en la causa por la trágica inundación de 2013 en La Plata y por frenar subas tarifarias. Arias, sin embargo, no se queda ahí. Más allá de dar por hecho que la administración Vidal persigue a jueces y a fiscales, entre ellos él mismo, también aprueba la expulsión de algunos, y menciona los casos del ex juez de Garantías platense César Ricardo Melazo y el ex fiscal de la UFI 4, Fernando Cartasegna, ambos renunciados mientras se los enjuiciaba por escandalosas acusaciones . “El fuero penal es un ámbito de muchísima corrupción. Me parece bien que en ese sentido haya esponsabilidades”, añade Arias.
Persecución o no persecución; ese parece ser el quid de la cuestión de un planteo que se disparó en las últimas semanas con la denuncia del juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien ante la prensa, tras rechazar un pedido de detención del dirigente camionero Pablo Moyano, dijo sentirse presionado nada más y nada menos que por el jefe de los fiscales de la Provincia: Julio Conte Grand. El Procurador rechaza cualquier acusación tanto en su contra como hacia su equipo de trabajo.
“No amenazamos ni presionamos a nadie”, repite insistentemente cada vez que tiene un micrófono delante el ex Secretario de Legal y Técnica de Vidal. Y sostiene que la reacción de los funcionarios del Poder Judicial es porque han pateado el homiguero. “Están investigando asociaciones ilícitas que involucran a integrantes del Poder Judicial, a barrabravas y a policías. En la medida que esto se remueve es natural que haya reacciones”, sostiene el Procurador, y agrega: “Nosotros estamos preparados para esto”. Pero en los pasillos de los tribunales, algunos se animan a poner en duda la idoneidad de Conte Grand para ocupar el puesto actual. “La única carrera que hizo fue ser funcionario de la Gobernadora.
De ahí a Procurador. Es decir, su función dentro del Poder Judicial es una función netamente política. No es de carrera, ni siquiera es de la provincia de Buenos Aires, nunca tuvo domicilio en la Provin-cia”, ataca, duro y sin piedad, el integrante del Tribunal de Casación Penal bonae-rense, Víctor Violini, quien a los pocos minutos de conocidas las palabras del juez Carzoglio saca pecho y recuerda que días antes, él había denunciado los carpetazos. “El Procurador responde a su jefa, que es la Gobernadora, y aquel juez o fiscal que no obedece o no juega para el Gobierno va a ser víctima de un carpetazo. Cualquier funcionario del Poder Judicial, sea o no juez, que aparece en un medio como Clarín, no tiene posibilidad de defenderse. Y ahí, Conte Grand aprovecha para presionar.
No es casualidad que los que están investigados o quieren meter presos hoy sean opositores del Gobierno o no comulguen con el mismo”, añade el magistrado. No es la única campana respecto del tema. Otros integrantes del Poder Judicial aseguran no haber recibido jamás una presión o apriete, ni durante la gestión de la exjefa de los fiscales, María del Carmen Falbo, ni en la del actual, Conte Grand. Tampoco durante las gestiones en la Provincia de Felipe Solá, Daniel Scioli y la propia Vidal.
“En treinta años en el Poder Judicial, nunca he sufrido ningún tipo de presiones o amenazas”, manifiesta Marcelo Romero, quien hace más de dos décadas se desempeña como fiscal en la capital provincial, en la UFI 6. “Ni siquiera me han dicho cómo tener que dictaminar. Sí he recibido críticas. Es más, hace algunas horas recibí un repudio de diputados de Unidad Ciuda-dana por nuestro procesamiento a los sindicalistas de ATE que tomaron el Ministerio de Economía”, agrega. “Carzoglio y Violini dicen que recibieron presiones en lo personal, y no voy a poner en duda su testimonio.
A mí no me ha pasado”, expresa Romero, convencido, como para que no queden dudas. Pero para muestra basta un botón, y los datos de los juries desde que Cambiemos llegó a la Provincia son reflejo de la embestida contra jueces y fiscales.
De acuerdo a lo que pudo saber La Tecla, desde 2016 a la fecha, 13 jueces y 6 fiscales de diferentes departamentos judiciales renunciaron a sus cargos en medio de juries, en su mayoría impulsados por la Procuración. Otros 6 fiscales fueron suspendidos, un juez resultó apartado preventivamente del cargo y tres funcionarios, entre ellos un Defensor Oficial, terminaron licenciados.
Además, una fiscal y dos jueces, entre ellos Luis Arias, fueron destituidos del cargo. A la lista negra se agregan otros cuatro funcionarios del Poder Judicial, que ya presentaron su renuncia pero que aún no se formalizó el acto administrativo. En total, 18 jueces, 17 fiscales y 1 Defensor, que suman 36 funcionarios afuera.
Víctor Violini: “El Procurador elige a quién tirarle un ‘carpetazo’ y a quién no tirarle”
-¿Qué opina de la denuncia de filtración de carpetazos que hizo el juez de Avellaneda, Luis Carzoglio?
-Fue lo mismo que denuncié yo una semana antes y que me valió, justamente, un carpetazo en el diario Clarín. Dije que el Procura-dor (Julio Conte Grand) hace carpetazos a los jueces que no coinciden con su forma de pensar o que no son obedientes. Por eso no me sorprendió. Obviamente, estas situaciones mediáticas que salen son elegidas por el Procurador. El Procurador elige a quién tirarle un carpetazo y a quién no. Esto está claro.
-¿Esto sucedió siempre?
-La relación que tienen los funcionarios con las autoridades del Poder Judicial, siempre ha sido la misma, en algún momento pudo haber estado mejor y en otro, peor. Hoy, todo el mundo está preocupado, pensando qué es lo que van a hacer, y si tiene que dar una libertad la piensa cuatro veces, porque si no le gusta al poder de turno tienen miedo de que le metan un jury, que lo acusen o le tiren algo en la prensa. Todos tenemos familia e hijos y a nadie le agrada aparecer en los medios porque supuestamente hizo tal o cual cosa, sobre todo cuando esas cosas no son ciertas, como me sucedió a mí.
-¿No le preocupa que su postura pública tenga alguna represalia laboral?
-Preocuparme, no me preocupa, porque nunca dejé apretarme por nadie, y menos por este hombre (Conte Grand). Pueden inventarme alguna causa para un jury, que aparezca un arrepentido diciendo que yo hice tal cosa o algún cuaderno en don-de se me impute algo. Que hagan lo que quieran. Tengo muchos años en la Justi-cia, y si me quieren echar, que me echen; y si me quieren meter preso, que me metan preso. Voy a ser un preso político más de los que hay hoy en el país.
“La elección del Procurador debe ser con gente de adentro del Poder Judicial, no puede ser con personas que vengan de afuera y personajes que son políticos. Tiene que seguir una carrera. Así pueden meter a cualquier persona, aunqe no cumpla con los requisitos, como sucedió con Conte Grand”.
“Del tema de Carzoglio (Luis) y la detención o no de Pablo Moyano no tengo idea, y como estoy en Casación, no quiero emitir opinión, pues puede ocurrir que en algún momento deba hacerme cargo de la misma”, dice ante La Tecla el juez de Casación bonaerense.
Marcelo Romero: “Las presiones existen en la Justicia, el tema es no dejarse presionar”
-¿Tuvo que salir alguna vez a denunciar un carpetazo en su contra?
-Afortunadamente, en 30 años en el Poder Judicial y 20 como fiscal, nunca he sufrido ningún tipo de presiones o amenazas; salvo incidencias con la ex Procuradora María del Carmen Falbo, aunque se trataba de cuestiones domésticas. Le molestaba que apareciera en los medios, que diera conferencia de prensa o que criticara al exministro (León) Arslanián. Las sanciones eran por esos motivos pueriles y las recibía orgulloso. Pero presiones, no, de ningún tipo. Es más, las presiones existen en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en los particulares. El tema es no dejarse presionar. No hay ningún trabajo en el que no haya presiones. La presión es parte del trabajo y la vida. Lo que no podemos, los ma-gistrados y fiscales, es dejarnos presionar.
-El juez Luis Carzoglio denunció aprietes por parte de Conte Grand…
-En lo particular, me deja trabajar absolutamente. Tenemos libertad de acción. No he recibido de él, salvo una visita protocolar, una injerencia en mi trabajo. Y en cuanto a Falbo, no se metía en el trabajo, se preocupaba por los medios.
-¿No es grave que el jefe de los fiscales cuestione públicamente el accionar de los que tiene a su cargo y deben impartir justicia?
-No, los fiscales objetamos permanentemente el trabajo de los jueces, apelamos y recurrimos. El proceso penal es un proceso contradictorio, donde las partes están enfrentadas. Podemos decir que un fallo es absurdo o arbitrario, y muchas veces, los jueces dicen que nuestras peticiones son infundadas o insuficientes; es un ejercicio que se vive a diario, y nadie debe agraviarse por esto. Lo que no puede pasar, obviamente, es llegar al agravio personal. Hacer una crítica a un fallo judicial no es grave, es parte del trabajo. Conte Grand, aparte de ser el jefe de los fiscales, es un fiscal. El debe criticar un fallo de la Corte cuando le toca actuar en su instancia y tiene que recurir a la Corte Suprema de la Nación.
-Usted fue crítico con un sector judicial vinculado con el kirchnerismo… ¿No cree que pueda estar comenzando algo similar en el Poder Judicial pero con Cambiemos?
-Puede pasar, y es igual de pernicioso. Eso no debe pasar. No significa que nosotros no podemos tener ideología o una postura respecto al Estado, lo que no se puede es hacer política partidaria dentro del Poder Judicial. Distinto es una opinión en forma privada o pública, pero no que interfiera en nuestros dictámenes o sentencias. Si sucediera ahora estaría totalmente en contra, así como estuve en contra de Justicia Legítima, porque politizaba la decisión judicial. No era simplemente un grupo de magistrados afines al kirchnerismo, sino que sus decisiones estaban politizadas, y eso es lo grave.
Luis Arias: “Este Gobierno, no sólo persigue a jueces y fiscales, también a políticos”
-¿Qué opina de la figura del Procurador, Julio Conte Grand, al que un juez acaba de acusar de llevar adelante un apriete en su contra?
-Más allá de los aprietes, pese a que no cumplía con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo, lo votaron todos los bloques políticos, salvo la senadora Mónica Macha. Por esto es que hay que decir que hay cierta hipocresía. Muchos de los que critican fueron los que lo pusieron en ese cargo.
-¿Por qué lo votaron si no cumplía con los requisitos?
-Es una práctica muy común tanto en la provincia de Buenos Aires como en otros, y tiene que ver con el intercambio de cargos o el reparto de cargos, tal como sucedió con el Banco Provincia, donde, entre otros, están los exintendentes Pablo Bruera y Francisco Gutiérrez. También sucede en la Defensoría del Pueblo, donde crearon defensorías adjuntas para repartir entre los bloques.
-Y además de eso, ¿este Gobierno aprieta a jueces y fiscales?
-Este Gobierno no sólo persigue a jueces y fiscales, sino también a dirigentes políticos y sociales, periodistas; hay todo un andamiaje que se ha montado con fines de persecución política.
-¿Qué diferencias encuentra entre la gestión Falbo y la gestión Conte Grand al frente de la Procuración?
-La gestión de María del Carmen Falbo fue, realmente, lamentable; protegió al juez Guillermo Atencio; a fiscales generales como Julio Novo, un verdadero escándalo que incluyó a personas con delitos relacionados al narcotráfico; protegió la actuación de los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta y Jorge Paolini en la causa de la inundación de La Plata. Por si fuera poco, separó de la misma al Defensor Penal Juvenil, Julian Axat. Una vergüenza.
-En este Gobierno, además de perseguirse a jueces y fiscales, tal como usted señala, ¿también se protege a otros?
-Por supuesto. El juez Guillermo Atencio, evidentemente, está siendo protegido por la Procuración, vaya a saber por qué motivo; si no tendría que ser enjuiciado. Y otro es el fiscal Marcelo Romero, que se ha prestado a ciertas maniobras de persecución que son motivo de enjuiciamiento.
-¿Su destitución es un caso de persecución política?
-Sí, claramente. Afecté intereses económicos en materia tarifaria. Las cuatro distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires fueron compradas por un empresario cercano al Gobierno, Rogelio Pagano, a través del Grupo DESA. En 2017, gracias al aumento de tarifas, tuvo ganancias de entre 2.300 y 2.700 millones de pesos. Esos intereses afectados, más mi intervención en los conflictos docentes, tratando de poner a resguardo los derechos de los trabajadores, molestó mucho al poder político.
Julio Conte Grand: “En la medida en que se remueva es natural que haya reacciones”
-¿Lo sorprendió la denuncia del juez de Avellaneda, Carzoglio?
-No tanto; lo involucro en un contexto y, por eso, lo tomo como previsible. Si uno hace un análisis de lo sucedido en los últimos meses, la actuación de los fiscales en el ámbito de La Plata, Lomas de Zamora y algunas otras jurisdicciones que no han tenido tanta difusión pública ha generado una gran inquietud en la parte perversa del sistema judicial.
Por eso hay reacciones que pueden tomarse como naturales. El trabajo de los fiscales es muy serio. Por ejemplo: están investigando asociaciones ilícitas que involucran a integrantes del Poder Judicial, a barrabravas, a policías. En la medida que esto se remueve es natural que haya reacciones. Nosotros es-tamos preparados para esto. La instrucción que estamos impartiendo a los fiscales generales y a los defensores generales es que mantengan los objetivos, que respeten la institucionalidad, que garanticen los derechos constitucionales de todas las personas involucradas y que lleven las causas con la rapidez que siempre exigimos para poder llegar a conclusiones de manera veloz. En resumen, no hay sorpresa, estaba a la espera de reacciones como estas, y seguramente habrá otras”.
Una reunión, un “no” y una causa contra funcionarios provinciales
“Le pidieron que renuncie, lo apretaron para que deje el cargo”, dice ante La Tecla una fuente judicial allegada a Guillermo Atencio, quien se encuentra al frente del Juzgado
de Garantías N° 1 de La Plata. La fuente, justamente por temor a “aprietes”, prefiere que su nombre no se dé a conocer. Tampoco Atencio, quien fue nombrado juez por el gobernador Armendáriz hace 32 años, quiso hablar sobre el particular, pese a la insistencia de este medio.
La raíz del asunto está en una causa por un presunto pedido de coimas que se lleva en su contra y que fue impulsada el 20 de diciembre de 2017 por el fiscal Jorge Paolini, enemistado desde hace años con el protagonista de la historia. Atencio negó en su momento tal acusación, y la Justicia, también fue en ese sentido: la causa, en manos del fiscal de
San Martín, Edgardo Ledesma, fue archivada en agosto. Luego comenzó un derrotero bastante particular.
El 5 de septiembre pasado tuvo lugar, en un departamento de la calle 10 N° 991, piso 9, de La Plata, una reunión entre el juez Atencio y el funcionario provincial Enrique Saraví, en la cual, según consta en una presentación posterior que hiciera el magistrado, Saraví le exigía la renuncia, a lo cual el juez se habría negado rotundamente.
En esos días, el juez de Garantías 1 le pedía a su par del Juzgado de Garantías 2, Jorge Moya Panisello, que lo sobreseyera de la causa iniciada por Paolini y archivada por Ledesma. Sin embargo, y presumiblemente por la negativa a renunciar de Atencio, el 14 de septiembre, el Fiscal de Cámara Marcelo Lapargo le ordenó a Ledesma que reabriera la investigación que había cerrado semanas antes.
En el pedido de sobreseimiento, Atencio menciona presuntos aprietes para que deje el cargo. Entonces, de oficio, el juez Moya Panisello inició otra causa, con el número 38.544/18, en la cual le pide al titular de la Fiscalía 5 de La Plata, Juan Minucci, que investigue la presunta comisión de un delito por parte de funcionarios públicos. Aun cuando en el escrito Atencio dice no creer que el Procurador Julio Conte Grand estuviera detrás de la maniobra, lo contado de la reunión con Saraví dejó en el ojo de la tormenta tanto el jefe de los fiscales como al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
El siguiente capítulo se produjo cuando Guillermo Atencio se acercó a la mencionada fiscalía para aportar pruebas, que serían contundentes, provenientes de la conversación mantenida con Enrique Saraví. Se desayunó allí que Minucci ya no tenía el expediente, y que el mismo había sido elevado a la Fiscalía General por pedido de su titular, Héctor Vogliolo. Pero al parecer, y según fuentes judiciales confiables, la causa 38.544 tampoco está ahora en manos de Vogliolo y se desconocería su paradero. En el SIM (sistema in-formático), surge que el Fiscal General giró la causa con destino indeterminado.