Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa por la muerte de Nisman
La jueza federal de San Isidro, ex esposa de Nisman, explicó que tomó la decisión por amenazas recibidas en los últimos meses. También argumentó que desea salvaguardar la tranquilidad familiar y que la investigación sigue su curso.
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A través de un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado renunció a la querella en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.
La magistrada, ex esposa del fiscal y representante de la querella de las hijas de ambos, Kala y Lara, explicó que la decisión la tomó para salvaguardar el núcleo familiar, por amenazas recibidas durante los últimos meses y a raíz de la tranquilidad de que la investigación sigue su curso.
"Que en uso de la facultad que me confieren los artículos 85 y 420 del Código Procesal Penal de la Nación vengo a desistir, de manera expresa, de continuar ejerciendo el rol de querellante en los autos de referencia", dijo en su nota.
Además, explicó: "Hago saber que la presente decisión se impone, a esta altura ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman. Ello atendiendo al impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy".
La magistrada añade que "así también, frente al apremio de reconstruir en la actual coyuntura el proyecto de vida personal, familiar y profesional resquebrajado. Todo esto de manera tal de sobreponer la vida, salud, seguridad y bienestar de la familia postergados en pos del esclarecimiento de aquella muerte, cuyas singulares circunstancias demandaron un inconmensurable esfuerzo y sacrificio que fue más allá del curso natural de las cosas".
"En tal virtud y en cumplimiento de los deberes que me competen en el orden personal y profesional, no puedo continuar soslayando, de un lado, las secuelas que el hecho de marras produjo a nivel familiar e inconstitucional y, de otro, el escenario de amenazas previas y posteriores al hecho y recurrentes al día de la fecha, a cuyo esclarecimiento no se ha podido llegar aún; pero que dado sus términos, el impacto político inconstitucional del caso a nivel local e internacional y los posibles actores en juego, han generado un estado de situación que, como ya dije, me imponen priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar", agrega.
Finalmente, expresa que "el presente desistimiento no implica renunciar a los derechos que la ley acuerda a las víctimas en el proceso penal (Ley 27.372)".