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La Tecla
Redacción
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Intendentes en aprietos: el peso de la ley
El juez federal resolvió la situación de los imputados por presunto desvío de fondos del programa GIRSU. Sólo a uno le dictó falta de mérito. El calvario de los jefes comunales, en la mira del magistrado que hace temblar al peronismo. Razones y justificaciones.
Defraudación a la administración pública, en carácter de partícipes necesarios. Así calificó el juez federal Claudio Bonadío al delito por el que decidió procesar a 92 actuales y exintendentes de todo el país -entre ellos, 29 de
En tiempos K, cuando los jefes de Gabinete fueron Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina (también procesados),
El polémico magistrado sostiene en su auto de procesamiento que “cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado”, y que “los aquí involucrados habrían participado de esta maniobra defraudatoria, la que sin su participación no se podría haber pergeñado”.
Los motivos de la decisión judicial son variados: desvío de fondos, gastos sin justificar, cambios en el proyecto sin aviso o sin el OK de Nación y tareas que no se realizaron, entre otros. En algunos casos “hicieron lo que a su criterio se les antojaba”, sentencia, “o no lo hicieron”.
El juez, también se adelanta a críticas y recuerda el motivo por el que todos -con excepciones, como la del exalcalde de Hipólito Yirigoyen Enrique Tkacick (GEN)- son de extracción peronista. Precisa Bonadío que resulta ese uno de los puntos investigados: el direccionamiento de dineros a municipios “amigos”, transferidos discrecionalmente hacia determinadas provincias.
Una compleja investigación que incluyó auditorias y dictámenes
El procesamiento de 29 actuales y exintendentes resuelve la situación procesal de los jefes comunales a los que el Juzgado Federal N° 11 había llamado a indagatoria, en la causa que comenzó con una auditoría realizada tras el triunfo de Cambiemos en 2015.
Luego de una auditoría de Medio Ambiente y
Los informes de los auditores llevaron a que el magistrado imputara a 32 intendentes bonaerenses, entre los 98 de todo el país, a quienes fue llamando a de-clarar entre mayo y octubre del año pasado.
En sus considerandos, el juez Bonadío mencionó algunas de las irregularidades detectadas, además de la discrecionalidad, como la ausencia de estudios de factibilidad, falta de control en la ejecución
de los planes, transferencias pendientes de rendición, modificaciones e incumplimiento de proyectos y solicitudes aprobadas sin cumplir los requisitos o con tiempos disímiles: algunos en dos meses, otros en seis años.