El modelo económico de Milei genera una deuda flotante que ya supera los $2 billones
La cifra aparece en un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la evolución del gasto público nacional durante agosto y el acumulado del año.
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La Administración Pública Nacional acumuló en los primeros ocho meses de 2026 una deuda flotante de $2,1 billones, producto de gastos que fueron devengados pero que todavía no fueron efectivamente pagados por el Tesoro.
Según el estudio, la deuda flotante alcanzó los $2.104.294,94 millones entre enero y agosto. El monto equivale al 2,37% del gasto primario devengado durante ese período. Se trata de compromisos que el Estado ya reconoció como gasto, pero cuyo pago quedó pendiente.
El concepto resulta relevante para analizar el impacto del ajuste fiscal. Mientras el gasto devengado permite observar los compromisos que asume el Estado, el gasto pagado refleja cuánto dinero salió efectivamente de las cuentas públicas. Cuando el segundo queda por debajo del primero, se genera la denominada deuda flotante.
El comportamiento durante 2026 mostró fuertes oscilaciones. A fines de enero, el stock de deuda flotante alcanzaba $1,37 billones. En febrero subió hasta $1,88 billones y en marzo llegó a $3,27 billones. Luego comenzó a reducirse durante abril y mayo, hasta ubicarse en $1,61 billones.
En junio volvió a producirse un salto significativo, cuando la deuda flotante alcanzó los $3,91 billones. Durante julio se produjo una fuerte reducción, hasta los $2,07 billones, y en agosto el stock volvió a crecer levemente hasta los $2,10 billones.
El dato de agosto tiene una particularidad. Durante ese mes, el gasto pagado fue $26.680,79 millones inferior al gasto devengado, por lo que el stock acumulado registró un incremento. De todos modos, el nivel alcanzado al cierre de agosto quedó por debajo del registrado un año atrás en términos reales. Según IARAF, la deuda flotante de agosto de 2026 fue aproximadamente 20% menor en términos reales que la existente a fines de agosto de 2025.
La acumulación de compromisos pendientes aparece en paralelo con una fuerte reducción real del gasto público. De acuerdo con IARAF, durante agosto el gasto primario devengado de la Administración Nacional alcanzó los $11,25 billones y registró una caída real interanual del 9,96%, bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,6%.
En los primeros ocho meses del año, el gasto primario devengado llegó a $88,96 billones, con una reducción real interanual del 4,09%. El gasto pagado, en tanto, alcanzó los $86,86 billones y mostró una baja real del 3,73%.
La diferencia entre ambos números permite dimensionar precisamente el fenómeno de la deuda flotante. El Estado reconoce determinados gastos como devengados, pero no necesariamente los cancela en el mismo momento. Esa brecha constituye el stock de compromisos pendientes dentro del ejercicio presupuestario.
El informe aclara que la deuda flotante analizada corresponde a la Administración Pública Nacional completa, incluyendo la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de la Seguridad Social. El cálculo excluye el servicio de la deuda y, por criterio metodológico, el stock se reinicia cada 1° de enero, por lo que mide el atraso generado durante el ejercicio en curso.
También existe una diferencia importante con la deuda pública tradicional. La deuda flotante no surge de la emisión de títulos o letras y, por esa razón, no forma parte de las estadísticas de deuda pública que publica la Secretaría de Finanzas. Se trata, en cambio, de compromisos de gasto ya devengados que permanecen pendientes de pago.
El ajuste aparece con particular intensidad en las transferencias. En agosto, las transferencias a provincias y municipios registraron una caída real interanual del 81,87% en términos devengados. También se redujeron las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, los servicios no personales, las jubilaciones y pensiones y los gastos en personal.
En el acumulado de los primeros ocho meses, las transferencias a provincias y municipios registraron una reducción real del 63,74%, mientras que los servicios no personales cayeron 14,49% y las transferencias a universidades nacionales disminuyeron 12,81%.
En paralelo, algunos componentes tuvieron aumentos reales. Las otras transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos, crecieron 31,48% en el acumulado, mientras que las jubilaciones y pensiones registraron una suba real del 0,84%.
El resultado general muestra una combinación particular. Por un lado, el Gobierno nacional mantiene una política de reducción del gasto real. Por otro, una parte de los compromisos reconocidos durante el año permanece sin cancelar, generando un stock de deuda flotante que a agosto superó los $2 billones.
El informe de IARAF señala que, mientras el gasto devengado acumulado se redujo 4,09% en términos reales, el gasto efectivamente pagado cayó 3,73%. La diferencia entre ambos es justamente la que explica la acumulación de compromisos pendientes.
Así, el número que queda como fotografía de agosto no es solamente el tamaño del recorte. También es la magnitud de lo que el Estado ya comprometió pero todavía no pagó: $2,1 billones de deuda flotante acumulada en lo que va de 2026.
