Desde la Justicia bonaerense se muestran expectantes ante el avance de iniciativas enviadas con el objetivo de fortalecer el sistema, aunque las expectativas son menores cuando se trata de conseguir que el máximo tribunal provincial vuelva a contar con todos sus integrantes. Un encuentro con legisladores que dejó tela para cortar.

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El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se muestra activo más allá de su ámbito y emprende la tarea política de dialogar con el resto de los poderes del Estado, con el objetivo de avanzar en iniciativas que considera claves para fortalecer su funcionamiento, pero que precisan del trabajo legislativo y de señales concretas del Ejecutivo.

En este marco, fuentes judiciales dieron a conocer que esperan definiciones sobre los principales temas que están en agenda, con la idea de encontrar consensos entre los diferentes sectores de la política. Las expectativas crecen en un fin de año en el que se acercan discusiones importantes para el gobierno de Axel Kicillof, mientras se acumulan asuntos pendientes en materia judicial y la posibilidad de alcanzar acuerdos vuelve a quedar atada a las prioridades de la política bonaerense.

Según pudo conocer La Tecla, la semana pasada se habría producido un encuentro entre legisladores oficialistas y opositores con integrantes de la Suprema Corte bonaerense. La versión fue confirmada por altas fuentes judiciales, aunque voces legislativas evitaron dar precisiones sobre si se produjo o no tal reunión, en un contexto de hermetismo en torno a las conversaciones que mantienen los distintos sectores para destrabar iniciativas que llevan tiempo sin conseguir avances.

La cumbre se habría llevado a cabo el miércoles pasado en La Plata, durante un almuerzo con pocos comensales y luego de una actividad institucional de la que participaron representantes de los tres poderes del Estado. En esa instancia estuvieron presentes, entre otros, el presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres; el procurador general, Julio Conte Grand; la vicegobernadora Verónica Magario y el titular de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Se trató de una señal de diálogo que adquiere relevancia frente a las demandas que el sistema judicial mantiene ante el Gobierno y la Legislatura.

El hermetismo marcó los primeros días, pero luego comenzaron a conocerse más detalles sobre una conversación que puso sobre la mesa las prioridades del máximo tribunal. También se marcó la necesidad de encontrar canales políticos para avanzar con una agenda que excede la cobertura de cargos y alcanza también cuestiones estructurales para el funcionamiento de la Justicia.

En ese sentido, este medio pudo reconstruir que desde la Corte, integrada actualmente por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, hicieron saber a los diputados provinciales cuáles son sus prioridades en este contexto. Por ese motivo, repasaron los proyectos que se encuentran en la Comisión Permanente del Mapa Judicial, un ámbito en el que se busca ordenar las necesidades del sistema y establecer criterios para avanzar con nuevas dependencias, aunque las definiciones políticas y legislativas continúan demoradas.

Uno de los puntos centrales fue el proyecto de autarquía judicial, presentado públicamente nuevamente este año, con el que la Corte busca fortalecer su autonomía presupuestaria y económica, una iniciativa que todavía no ingresó formalmente en la Legislatura y que necesita acuerdos políticos para comenzar su recorrido parlamentario. El planteo forma parte de una serie de reclamos que el tribunal sostiene ante el Ejecutivo y los legisladores, en un escenario en el que también exige la creación de nuevos órganos y la cobertura de cargos que permanecen vacantes.

La discusión no se limita a la autonomía financiera, ya que la Suprema Corte solicitó la creación de 66 juzgados y tribunales, además de reclamar la designación de magistrados para dependencias que ya fueron creadas, pero todavía no funcionan. La agenda también incluye cambios en el Cuerpo de Magistrados Suplentes y en la conformación de las cámaras de Apelación en lo Contencioso Administrativo, mientras el tribunal intenta que sus demandas se traduzcan en decisiones concretas y no queden relegadas por las urgencias de la política.

El panorama se completa con lo que acontece en la Comisión Permanente del Mapa Judicial, donde y en la que existen 16 proyectos que buscaban avanzar hacia un dictamen, una postergación que volvió a exponer las dificultades para establecer prioridades y convertir las iniciativas en medidas concretas. En ese escenario, la Corte busca acelerar sus planteos ante los otros poderes, aunque la posibilidad de avanzar depende de una coordinación que no siempre resulta sencilla en una Legislatura atravesada por diferencias políticas y una agenda propia.

En paralelo, durante la semana hubo otro movimiento legislativo que llamó la atención en el ámbito judicial, luego de que el proyecto para establecer negociaciones paritarias entre la Suprema Corte y los trabajadores del sector obtuviera despacho de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, un avance que volvió a poner en discusión el vínculo laboral entre el máximo tribunal y los empleados judiciales.

La iniciativa, impulsada por el diputado de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y respaldada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), consiguió un despacho de mayoría con el acompañamiento de Fuerza Patria, UCR + Cambio Federal, PRO y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mientras también se emitió un despacho por la minoría y el expediente continuará su recorrido por otras comisiones. El respaldo de distintos bloques le dio impulso a una propuesta que busca establecer un mecanismo de negociación colectiva propio para el sector, aunque todavía debe atravesar otras instancias antes de convertirse en ley.

Tras el encuentro con legisladores, las sensaciones que quedaron del lado judicial fueron positivas y esperan que se avance con los proyectos pendientes, aunque el optimismo tiene un límite cuando se trata de la integración del máximo tribunal, que funciona con tres miembros sobre los siete que establece su composición. La cobertura de las cuatro vacantes sigue atada a decisiones políticas que, por ahora, no muestran señales claras de resolución, pese a los reiterados planteos sobre la necesidad de completar la conformación de la Corte.

El proceso requiere que el Gobernador proponga candidatos y que el Senado otorgue los acuerdos correspondientes, una coordinación que hasta el momento no consiguió destrabar la renovación del máximo tribunal. La discusión se inscribe, además, en una agenda más amplia de nombramientos, ya que se había anticipado que la Provincia preparaba cerca de 200 pliegos para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras, una cantidad que da cuenta de la dimensión del problema que enfrenta el sistema judicial bonaerense.

Sin embargo, las expectativas de que los cuatro lugares vacantes en la Corte se cubran en el corto plazo son bajas, incluso entre sectores que reconocen la importancia institucional de completar su integración. Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) consideran que Kicillof no necesita abrir una nueva batalla política para designar a los jueces que faltan y que el costo de avanzar con las postulaciones podría no justificarse en la etapa final de su mandato. “Axel llegó hasta acá sin nombrarlos, no creo que haga falta que ahora lo haga, que ya está de salida”, expresó una voz de peso del espacio. “Axel no se va a inmolar en este momento”, sentenció.

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