OTRO DILEMA
La Tecla
Redacción
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Vicentín y el temor económico
El avance del Gobierno sobre la cerealera generó un escenario complicado en materia económica. Los especialistas sostienen que traerá consigo aumento de la inflación, peor situación de la deuda, entre otras problemas a una Argentina golpeada.
El pasado lunes, el gobierno de Alberto Fernández, anunció dos importantes avances contra la agroexportadora Vicentin. En primer término, anunció la intervención a través de un decreto de necesidad de urgencia y sin aguardar la resolución judicial sobre el concurso de acreedores. Por ello, fue denunciado penalmente el Jefe de Estado. En segundo término, el mismo Presidente aseveró que con la idea de la senadora K, Anabel Fernández Sagasti, enviará un proyecto de ley para expropiar la cerealera y que los activos pasen al Estado.
La medida, como no podía ser de otra manera, caló hondo en el mundillo político y sobre todo en el económico, tanto nacional como internacional. Vale recordar que, el avance sobre Vicentin se dio mientras se busca reestructurar la deuda pública con los acreedores internacionales.
Incluso, a los pocos días de realizarse el anuncio, con un abrazo simbólico a la fábrica emplazada en Reconquista - Avellaneda en Santa Fe, y con un cacerolazo contra la expropiación, el Gobierno reculó. En definitiva, avanzó con el brazo interventor y dejó librado a negociaciones con la empresa y legislativas el proyecto expropiador. Por el momento, en el entorno de Alberto Fernández se habla de un avance parcial sobre el 51 por ciento de los activos y no sobre el total. Claro, de esa manera, garantizan la toma de decisiones.
No obstante, y a pesar del escaso retroceso del Gobierno, la medida genera revuelo y rechazo del mundo económico. Por caso, el magíster en economía, Iván Carrino, señaló varios puntos a tener en cuenta en la expropiación. Desde el impacto en la deuda, hasta la inflación en el día a día.
En ese sentido, rememoró a León Walras, célebre economista francés, que rezaba: "Si uno quiere recoger de prisa, debe plantar zanahorias y lechugas. Si tiene la ambición de plantar robles, ha de poder decirse a sí mismo: mis nietos me deberán está sombra", y sentenció: “Argentina va de lechuga en lechuga hace décadas”
En ese sentido, Carrino sostuvo a LaTecla.info que el avance sobre Vicentin “es una mala señal. El déficit fiscal acumulado en los 4 meses del año es $AR 590.000 millones y el gobierno ahora quiere sumar una empresa que tiene una deuda que no puede pagar de más de $AR 100.000 millones. Si paga la deuda de Vicentín con sus proveedores, por ejemplo, y no le paga a los acreedores internacionales, ¿cómo se lo van a tomar?”. Y agregó: “En cualquier caso, plata el gobierno no tiene, o no tiene para los acreedores internacionales, ¿por qué seguir sumando deudas?”
“El coronavirus solo dio al peronismo mayor legitimidad para lo que siempre quiso hacer. La factura nos llegará en forma de más inflación y más deuda”, sentenció el magíster en Economía.
En similar postura, el economista Agustín Etchebarne, señaló que “expropiar es un desastre y la excusa que pusieron es peor. Soberanía alimentaria es un insulto a la inteligencia, el sector alimenticio de Argentina es el más eficiente del Mundo, podemos darle de comer a nueve Argentinas”. De esa manera, consideró que a través de las movilizaciones que surgieron en Santa Fe y los cacerolazos “la gente está empezando a comprender la importancia de la propiedad privada, de la libertad”.
En tanto, el economista platense Martín Tetaz, sentenció que “la intervención no tiene sentido, Argentina es exportador neto de alimentos y Vicentin es exportador de aceite de sojas, que nosotros no comemos”. En ese sentido, consideró que con su medida el Gobierno “va por la máquina de hacer dólares, es uno de los grandes exportadores”. 
Al rechazo económico, se suma la postura de los sectores agrarios. Incluso, no se descarta un eventual lockout comercial y que productores menores modifiquen la estructura de comercialización con la cerealera intervenida. “Intervención o expropiación estamos totalmente en contra, en general el arco productivo está todo en contra”, destacó el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires - La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco. En ese sentido, sostuvo que se “debería haber seguido el proceso judicial que la empresa estaba transitando”.
“Si logran llevar adelante la expropiación, eso se va a transformar en un refugio de militantes, un refugio para pagar favores políticos, y tendrá un costo carísimo para los argentinos; amén de nacionalizar la deuda que tiene esta empresa hoy”, advirtió el dirigente rural.
Vicentin en la negociación de deuda
El avance del Gobierno sobre la agroexportadora se da en pleno proceso de negociación internacional con los tenedores de deuda pública. En ese sentido, el andar de las conversaciones quedó en el centro del conflicto producto del mensaje que la administración nacional mandó al Mundo con la propuesta de avanzar sobre la multinacional.
Sin embargo, el economista Iván Carrino consideró que la jugada no tendrá un impacto relevante en la negociación con acreedores. “No creo que tenga tanto impacto en la negociación. Desde agosto que los inversores saben ´los bueyes con los que aran´, así que una expropiación, controles de precios, cepos, y todo este tipo de cosas que hacen los gobiernos peronistas ya estaban dentro de las posibilidades cuando ganó Alberto, así que entiendo que a los acreedores no los tomará por sorpresa y la negociación seguirá el curso que venía teniendo hasta ahora”.
La Legislatura y Vicentin
En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el bloque de Juntos por el Cambio hizo conocer su posición de preocupación. En ese marco, los legisladores Juan Carrara, Mauricio Vivani, y Melina Grecco, presentaron un proyecto que expresa la preocupación frente a la intervención al Grupo Vicentín.
La iniciativa sostiene que la decisión del Gobierno Nacional constituye un accionar “ilegal e inconstitucional”, donde se “avasalla las facultades del Poder Judicial, se deteriora la seguridad jurídica y la confianza en nuestras instituciones, condiciones indispensables para que haya inversiones y generación riqueza y trabajo genuino en nuestro país”.
Asimismo, Carrara, vicepresidente de la Comisión de Industria y Minería de la Cámara, expresó: "No es la primera vez que un gobierno kirchnerista incursiona en este tipo de medidas, con lamentables consecuencias, entre corrupción y altos costos para los todos los argentinos". En tanto, agregó: "Ciccone e YPF son algunos ejemplos concretos de ello, con enormes pérdidas para toda la sociedad, tanto en materia de transparencia como en estabilidad económica".
El texto califica de “innecesario y poco republicano”, el propósito del Gobierno, lo que constituye un “atropello a la democracia y crea un peligro real y concreto de consecuencias impredecibles para toda la sociedad argentina”.