El Frente de Todos y Juntos por el Cambio lograron arribar a un acuerdo y firmaron un dictamen unificado de la Ley de Víctimas en la comisión de Legislación General. Se cierra así una disputa que reavivó la grieta entre oficialismo y oposición en el Senado provincial, pasando ahora a Diputados para su sanción definitiva.
"Estamos muy satisfechos de haber llegado con un proyecto unificado de Ley de Víctimas", aseguró Pallares. "Ya en 2016 presentamos un paquete de proyectos que fueron incorporadas al dictamen que hoy tratamos, además de otras, dando lugar a un texto mucho más enriquecido. Esta ley representa un cambio de paradigma. La concepción clásica sostenía que el proceso penal se comprende ddos partes, el Estado y el defensor, el lugar de la víctima era marginal. Muchas veces hubo y hay conflicto de intereses entre el fiscal y las víctimas", agregó.
En tanto, Walter Lanaro manifestó: "Estamos acá para fijar posición. En este caso la Ley de Víctimas. Se generan discusiones algo tensas a veces, pero que buscan darle herramientas a la Justicia y a la víctima para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Pero cuando las posiciones son tan disímiles, la búsqueda de consensos se dificulta. Cuando nosotros nos encontramos defendiendo las víctimas y cuando el frente de Todos propone liberar presos, eso nos va a encontrar en la vereda de en frente. Algunos están poniendo palos en la rueda, haciendo politiquería barata, de cartón. Eso no nos lleva a ningún lado. Por eso celebro el cambio de postura del Frente de Todos. celebro que se hayan dado cuenta que el poder legislativo no es una escribanía. Podemos tener matices, pero vamos a estar siempre unidos en las defensa de la libertad y la propiedad privada".
"La ley que estamos tratando hoy es muy importante. Esta ley mira para adelante pero sin olvidarse del profundo dolor de las víctimas de tiempo atrás. Abandona el concepto de la víctima como testigo y les da un rol protagónico", agregó.
Por su parte, Petrovich remarcó: "la injusticia parte de nosotros mismos, desde el Estado. Venimos dando la batalla discursiva desde hace algunos años".
Leandro Blanco, vicepresidente de la comisión de Legislación General remarcó: “Este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal”. Añadió: “Esta es una ley que nos debíamos como sociedad. Las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”.
A su turno, Francisco "Paco" Durañona retrucó: "acepté el reto y tirón de orejas de Moirano, me pareció que en el trabajo de consenso que se había logrado me parecía que no valía la pena. Pero como se insiste, me parece importante dejar en claro que cuando llega este expediente a la comisión de Legislación General, se dejó bien en claro que la discusión estaba dirigida a mejorar un proyecto de Ley. Por eso convocamos a la participación ciudadana, funcionarios, magistrados, organizaciones de víctimas, para que puedan exponer y aportar ideas. Muy mal hubiésemos hecho de no haber incorporado su visión en el dictamen final".
"Sin reforma judicial no vamos a poder garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y no habrá ley que las pueda amparar. Si hay que hacer decenas o cientos de kilómetros para hacer una denuncia no podemos garantizar la ampliación de derechos a las víctimas. El paso siguiente es discutir una reforma del Código Penal", sentenció.
Conforme lo recolectado por este medio, el tironeo entre oficialismo y oposición se resolvió con el titular y el vicepresidente de la comisión como actores centrales. Francisco "Paco" Durañona por Todos y Blanco por Juntos por el Cambio. Fueron varias las conversaciones entre el kirchnerista y el dirigente radical.
Cabe señalar que algunas de las modificaciones que incorporaron desde la bancada oficialista sobre el proyecto de Juntos por el Cambio -que tiene mayoría en la Cámara alta- tienen que ver con la implementación de normas que dan plena operatividad en la provincia a los derechos y garantías de la ley nacional, sancionada en 2017.
Asimismo, la Ley garantizará que las víctimas y el particular damnificado deben ser escuchados como así también puedan manifestarse ante el juez previamente al dictado de cualquier morigeración de pena.
También que se permita la intervención de la víctima, si considera oportuno, oponerse ante cualquier medida liberatoria. En otro orden, que se respete el derecho a la intimidad de la víctima para evitar la revictimización.
Además, se incorpora la creación del Registro provincial de abogados de la víctima en el ámbito del Colegio de Abogados bonaerense, que establece una serie de requisitos a los letrados para integrarlo, como por ejemplo, la aprobación de un curso especializado en materia de género, derechos humanos y garantías de las víctimas.
En otro de los puntos acordados los senadores incluyeron que al particular damnificado se le deberán notificar las resoluciones que pueda impugnar y aquellas vistas o traslados que se dispongan expresamente.
Asociaciones Civiles
En otro orden, la cámara alta aprobó con modificaciones ley la inicitiva de Asociaciones Civiles y Mutuales, que contaba con media sanción de Diputados y que había sido presentada por el diputado Facundo Tignanelli (Frente de Todos). Por ese motivo, volverà a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El peronista Adriàn Santarelli aseguró que "es invaluable el trabajo de estas instituciones, sobre todo en los barrios más vulnerables. Quiero hacer hincapié en la obtención de la tan preciada personería jurídica".
En tanto, Daniela Reich (Juntos por el Cambio) expresó: "celebro que podamos estar tratando este proyecto, fruto de un gran trabajo legislativo y pudimos aunar esfuerzos para dar respuesta a las asociaciones civiles. Un proyecto que nos convocó a una escucha activa a los clubes de barrio, centro de jubilados. En función de eso pudimos llevar propuestas en diversos proyectos".
En el debate se sacaron algunas chispas, tras el señalamiento a la "política de tarifazos de luz, gas y agua" del gobierno anterior, señalada por el camporista Emannuel González Santalla.
La respuesta la encabezó el senador Agustín Máspoli, quien sostuvo que "las modificacones son importantes para nosotros, porque son demandas que recggimos en los territorios. No nos parece justo que, después de los acuerdos a los que llegamos, se nos trate como se nos trata".
Además, añadió que "pareciera que cuando hablan de los últimos 4 años pareciera que el país y la provincia se iniciaron en 2015, cuando gobernaron desde 1987".
La norma contaba ya con acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, que consensuaron un despacho común en las comisiones de Presupuesto y de Deportes, superando su empantanamiento inicial.
La ley declara de interés público a las asociaciones civiles de bajos recursos -a las que estén
constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, jardines comunitarios- y a las mutuales de organizaciones de comunidades migrantes.
De aprobarse, dichas instituciones podrán acceder a beneficios como tarifa cero en el servicio público de agua, gas, electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial). Por caso, senadores de la oposición ya adelantaron en las redes su apoyo a la medida.
Del mismo modo, estarán contempladas en la prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.
Por otra parte, el debate también se centró en un proyecto de Juntos para el Cambio de ayuda y asistencia financiera a los colegios privados con subvenciones en la Provincia.
En tal sentido, el peronista Francisco Durañona aseguró que la propuesta es inconstitucional, considerando que no hay doctrina occidental que no defina la atribución que tiene el Ejecutivo para fijar gastos y recursos, poniendo el acento en que cualquier modificación presupuestaria requiere una mayorìa de dos tercios y no simple. Y mencionó que la propuesta involucraría una aporte mensual de entre 200 y 300 millones de pesos.
Desde Juntos por el Cambio, el senador Juan Manuel Allan dijo que el sector de la educación privada está en una grave situación, y apuntó a la falta de decisión de Provincia y Nación para solucionarlo.
Allan dijo que lo único que aportó el Estado bonaerense fue un adelanto de subsidios a escuelas subsidiadas, que serían dos tercios del total, pero no todas., y sostuvo que el derecho a educarse es constitucional.
Y reivindicó las facultades de los legisladores para aprobar este tipo de normas, argumentando que hay jurisprudencia en ese sentido que lo demuestra.
La votación dio el OK al proyecto de Juntos por el Cambio, por 26 votos a 20, pasando a consideración de Diputados tras introducirse modificaciones.
Tambièn se aprobó una ley que se propone luchar contra la violencia obstétrica, denominado Parto Humanizado, luego de haber tenido ya media sanción de Diputados.
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