Un pedido de explicaciones respecto de algunos presuntos "incumplimientos" en cuanto a las restricciones previstas para el AMBA desataron la bronca del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

El disparador fue un tuit del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien aseguró: "Vamos a solicitar al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que nos brinde información sobre actividades educativas presenciales por las que se estaría incumpliendo el Decreto 241/21 del PEN, y la Resolución 1208/21 de Jefatura de Gabinete PBA".

El titular de la Defensoría insistió, arrobando a varios ministros del gobierno de Axel Kicillof, y señalando que "es indispensable que se cumpla con los términos de la Resolución 1208/21 firmado por el Jefe de Gabinete, @Carli_Bianco, que restringe las actividades educativas presenciales para jardines y en todos los niveles, para bajar el nivel de contagios en la Provincia".

El señalamiento disgustó profundamente al intendente PRO, quien sostuvo que se trata de una "apretada" oficial. "Ante las presiones recibidas de @Carli_Bianco y @GLorenzino  para cerrar los espacios de primera infancia, les cuento que son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13298".
 

Ante las presiones recibidas de @Carli_Bianco y @GLorenzino para cerrar los espacios de primera infancia, les cuento que son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13298.

— Diego Valenzuela (@dievalen) April 20, 2021

En su respuesta, Valenzuela explicó que "en el distrito hay 6 espacios de este tipo, todos realizando una tarea social fundamental en esta pandemia, cumpliendo todos los protocolos y enmarcados en la declaración municipal de actividades esenciales".

"Los EPIs no son jardines regulados por la Dirección de Escuelas de la Provincia, los que tienen su actividad suspendida. No sabía que el Defensor del Pueblo respondía a las directivas del gobierno provincial. Su intervención es un acto de imparcialidad en el ejercicio de su tarea".

"Vamos a acercar la información pertinente sobre el funcionamiento de este dispositivo social municipal. Si la Provincia pretende obligarnos a cerrar, vamos a hacer una presentación judicial para seguir funcionando en la convicción de que se trata de una tarea necesaria en un momento delicado en lo socioeconómico como el que transitamos, con un 51 % de pobreza y un 15 % de indigencia en el Conurbano", añadió el jefe comunal de Juntos por el Cambio.