Con el 40% de la producción agrícola concentrada en su territorio, la provincia de Buenos Aires no cuenta con una legislación que regule el uso de agroquímicos, una deuda que las autoridades buscan resolver y que genera debates entre científicos, políticos, productores y organizaciones ambientalistas.
La gestión de Cambiemos avanzó con una ley extremadamente permisiva, que autorizaba
fumigaciones a pocos metros de zonas pobladas. La avanzada provocó reacciones de rechazo, por lo que la misma fue congelada a las pocas horas de sancionarse.
Por ejemplo, varios diputados de la bancada de (en ese entonces) Unidad Ciudadana llevaron a la Justicia la resolución provincial que regulaba el uso de agroquímicos en la Provincia, además de presentar un proyecto de ley para que se deje sin efecto la resolución firmada por el exministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquis, en un acto al que asistieron varios jefes comunales.
El Ministerio de Desarrollo Agrario, que conduce Javier Rodríguez desde el inicio del Gobierno de Axel Kicillof, busca -a paso lento- llenar este vacío. Primero creó el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA), integrado por veinte universidades y cinco centros de investigación, encargados de sistematizar la documentación existente para emitir un informe y convocar a los sectores interesados a debatir una normativa para toda la Provincia.
“El problema es que cada municipio tiene una ordenanza diferente, y es necesario homogeneizar una legislación para todos que ponga en claro cómo, de qué manera, se van a utilizar los agroquímicos en el territorio bonaerense”, señalaron desde la cartera
agropecuaria.
Con la presión de los movimientos ambientalistas encima, la dirigencia política intenta dar una señal de coherencia. “Hay municipios que ponen una zona de 40 o 50 metros y otros, de mil metros; por eso es necesario homogeneizar las normativas de manera racional”, aseguran desde las organizaciones de productores rurales, aunque sostienen que, por el momento, no fueron convocadas a dar su postura sobre este espinoso tema. En efecto, el eje de la discusión siempre estuvo puesto en las variopintas interpretaciones para definir lo que se considera Zona de Exclusión (ZE) y Zona de Amortiguamiento (ZA). Además, varios proyectos legislativos propusieron diferente cantidad de metros para las fumigaciones
terrestres y las aéreas.
Por estas horas comenzará la etapa de debate, convocada por el Gobierno provincial, y los diferentes sectores preparan sus aportes.
El año pasado, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó el programa de Buenas Prácticas Agrícolas a producto res nucleados en CARBAP, con la idea
de promover una producción sustentable basada en el cuidado del suelo y la
aplicación responsable de agroquímicos. Sin embargo, las denuncias continúan produciéndose en varios distritos (ver aparte) y la necesidad de una legislación a nivel provincial sigue siendo una demanda de la sociedad.
Por el momento, la cartera agraria tomó contacto con varios municipios del norte bonaerense, para recoger experiencias y sensibilidades de lo que se dictamina en los territorios con respecto a un tema que preocupa, y mucho.
CONTAMINACION
Un rosario de casos que recorren la Provincia con dudas y miedos
Días atrás, el titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida contra Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, funcionarios de la municipalidad de Pergamino, acusados de ignorar la aplicación de la normativa vigente y permitir la fumigación en campos lindantes a la zona urbana. En ese municipio, habitantes de algunos barrios denunciaron un nivel alarmante de presencia de tóxicos, que habría producido casos de enfermedades. En las últimas semanas, varios casos más fueron denunciados: el grupo Aporte Para el Ambiente de Lobos (APAL) presentó nuevos resultados que confirman la presencia de plaguicidas en el agua de red, en arroyos y en distintos suelos del distrito. Además, organizaciones ambientales de Baradero denunciaron que se encontraron agroquímicos en la orina del 40% de docentes y estudiantes de una escuela rural del distrito. Situaciones similares fueron denunciadas en Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Trenque Lauquen, en el territorio bonaerense.
JAVIER RODRIGUEZ
“A diferencia de la gestión anterior, queremos escuchar a todos”
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, dijo a La Tecla: “Venimos trabajando de forma sostenida junto a productores, municipios, universidades, profesionales y técnicos en relación al uso y aplicación de agroquímicos. En 2020 creamos el Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) con el objetivo de recopilar experiencias y evidencia científico-tecnológica fundada para diseñar las políticas públicas necesarias en la materia. Hoy una síntesis de ese trabajo está disponible”. Además consideró que “a diferencia de la gestión anterior, queremos escuchar a todos los actores e implementar las políticas a
partir de eso, y por eso hoy estamos realizando encuentros en distintas localidades con trabajadores rurales, cámaras, colegios profesionales, productores y miembros de la comunidad en general, ya que entendemos que sus aportes son fundamentales para abordar el tema de forma integral y llevar adelante las acciones necesarias, incluyendo modificaciones al marco normativo”.
En tal sentido, Rodríguez añadió que “a partir de las recomendaciones del OTA venimos realizando una amplia campaña de capacitación y difusión en la utilización de la receta agronómica. Así, en el año 2021 se triplicaron las recetas realizadas en comparación a 2019. También fortalecimos el registro de las empresas vinculadas a agroquímicos y hoy tenemos más de 5.100 registradas, un 25% más que hace dos años. En cuanto a las capacitaciones estamos llegando a más de 6.100 personas capacitadas en la aplicación de agroquímicos”.
PABLO GINESTET (CARBAP)
“Somos conscientes de que no hay que fumigar cerca de colegios”
El vicepresidente de Carbap, Pablo Ginestet, dijo: “Todos los productos que se usan en el sector agropecuario están aprobados por el Senasa, por lo que todo lo que ha-cemos está dentro de la legalidad”.
El responsable de Medio Ambiente de la entidad indicó: “Ha-ciendo las cosas bien no hay problemas para la salud humana, sin importar si estás a 50 metros o a 1.000 metros. Y hacerlo bien implica ajustarse a los parámetros ambientales, como vientos de menos de 15 kilómetros, la temperatura, la humedad por el tema del tamaño de la gota de glifosato o de cualquier producto, que es más pesada que la del Covid y no hay riesgo de que vuele. Hoy los agroquímicos son peligrosos, como tantos otros que usamos a diario, o los medicamentos si no to-más la dosis adecuada, pero están controlados”.
El productor de Henderson ad-mitió: “Somos conscientes de que no hay que fumigar cerca de colegios cuando están en clases, por ejemplo. De lo que estamos en contra es de las distancias restrictivas que se ponen y no les dan alternativas a los productores que tienen campos en zonas cercanas a las urbanas, les dicen ‘arreglate’. La agroecología tiene un rendimiento menor por no tener control de malezas, y el productor lo haría, porque lo que quiere es ganar plata. En el caso del trigo, en lugar de sacar 4.000 kilos de rendimiento promedio vamos a sacar 2.000, y después se van a quejar porque el trigo va a valer el doble”.
Por último, Ginestet afir-mó: “Los agroquímicos generan miedo, pero no hay estudios serios que digan que hay una vinculación directa entre estos productos y, por ejemplo, el cáncer”.
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