Los diputados y senadores bonaerenses repudiaron el supuesto plan de jueces federales, representantes del Grupo Clarín y funcionarios de CABA para silenciar o mentir sobre su viaje a Lago Escondido. “Este escándalo institucional es un grave atentado contra la democracia”, señalaron

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La filtración de una serie de chats, que involucran a jueces federales, representantes del Grupo Clarín y funcionarios del Gobierno porteño por un vuelo privado a Lago Escondido, motivo la reacción de los legisladores del Frente de Todos en la Legislatura provincial.

Según trascendió, el viaje tuvo lugar el 13 de octubre, día en que los protagonistas de la escapada crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía presionar a algunos medios para que guardaran silencio y planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Al respecto, los diputados y senadores oficialistas expresaron: “Repudiamos enérgicamente y exigimos la urgente investigación judicial ante el escándalo institucional protagonizado por jueces federales, directivos del Grupo Clarín, el Ministro de Seguridad porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia”.

“Como es de público conocimiento, los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; el exmiembro de la secretaría de Inteligencia Leonardo Bergot y empresarios del multimedio Clarín coordinaron, a través del chat de la aplicación Telegram, difundir una versión falsa para justificar su participación en el vuelo a Bariloche y la estadía en la estancia del magnate inglés Joe Lewis. La estrategia de respuesta incluía presionar a medios para garantizar silencio y planificar una versión unificada de los hechos para justificar un delito”, añadieron.

Al respecto, indicaron que “es preocupante para nuestra democracia ver a jueces federales y funcionarios públicos involucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de lujo a cambio de la ilegal obediencia para el armado de causas judiciales, encubrimiento de delitos, entre un sinfín de prácticas mafiosas ejecutadas por integrantes del poder judicial”.

“Este escándalo institucional es un grave atentado contra la democracia, las instituciones y la división republicana de poderes. Son los mismos jueces y fiscales que participan activamente en la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner quienes aparecen cometiendo estos graves delitos. Los mismos jueces y fiscales vinculados a la jueza que no investiga el origen político del atentado en contra de la Vicepresidenta”, agregaron.

Para finalizar, señalaron que “Por estos motivos, exigimos la investigación de estos hechos mafiosos y la regularización del Consejo de la Magistratura, paralizado por el accionar de la Corte Suprema. No podemos permitir que estas mafias de poder económico, mediático y judicial estén por encima de nuestro pueblo, nuestra democracia y sus instituciones”.

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