En medio de los roces que radicales y amarillos mantienen por el proyecto para modificar el sistema de distribución de fondos a los municipios, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó la prórroga de la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, que fuera aprobada en abril de 2022 y que, al regir por dos años, está a punto de caducar.
Al inicio, y con la ausencia de los diputados Naldo Brunelli (UP) y Julio Pasqualin (Acuerdo Cívico UCR + GEN), se realizó un homenaje al exsenador peronista Daniel Barrera, fallecido recientemente.
En cuanto al proyecto de prórroga de emergencias, la legisladora del FIT, Laura Cano, adelantó el acompañamiento a la iniciativa de la peronista Patricia Cubría, exdiputada del Movimiento Evita.
Seguidamente, la amarilla Rita Salaberry dio el respaldo del bloque PRO a la iniciativa, que salió con dictamen unificado de las comisiones de trabajo. Finalmente, se acordó que el plazo de la extensión será de 18 meses con posibilidad de prórroga por un año.
Desde el unibloque Libre, el legislador Guillermo Castello marcó su oposición, aduciendo que se trata de privilegios a las empresas cooperativas, "una característica de los populismos como el kirchnerismo".
María Noelia Saavedra, de Unión por la Patria, fue vocera del oficialismo para dar el respaldo de su bloque a la propuesta.
En principio, desde el bloque UCR-Cambio Federal, que conduce Diego Garciarena, manifestaron su voluntad de apoyar la iniciativa, mientras que el PRO, con Agustín Forchieri a la cabeza, tampoco pondría obstáculos.
Unión por la Patria también podría sumar las 9 manos de los libertarios dialoguistas, comandados por Gustavo Cuervo, con lo cual se garantizaría la aprobación de la iniciativa.
La normativa enviada por el Ejecutivo otorga facilidades financieras y tarifarias, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales.
También señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas, en un contexto de tarifazos.
En cuanto a los sujetos alcanzados, especifica que son “las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa”.
A partir de la sanción de la ley quedaron suspendidas “todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas”.
El artículo 5°, en tanto, suspende “los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales. Los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas, conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de órganos de control de la prestación de los servicios mencionados”.
También tuvo luz verde un proyecto del radical Diego Garciarena, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación 10 hectáreas linderas al depósito de disposición final de residuos de Lezama.
Igual destino tuvo un proyecto similar del exlegislador Mauricio Vivani (PRO), declarando lo mismo para un inmueble ubicado en la localidad de Alfredo Demarchi, en el partido de Nueve de Julio, con destino al funcionamiento de la Asociación Civil “Club Atlético Quiroga”.
Otra iniciativa que tuvo el OK de la Cámara baja fue el que prorroga por cinco años la vigencia de la Ley 12.322, que declara al partido de Patagones como Área Patagónica, presentado por el titular del cuerpo, Alejandro Dichiara, unificando proyectos de otros legisladores como el radical Emiliano Balbín.
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