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“El Estado es el enemigo, una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos”, lanzó a boca jarro el presidente Javier Milei, marcando su pensamiento sobre lo que iba a concretar ni bien llegase al sillón de Rivadavia. Motosierra en mano, denostó la obra pública y sostuvo consignas poco sustentables como que “al puente (sólo un ejemplo) lo puede hacer tranquilamente la gente sola. No necesita del Estado para hacerlo”.

Es por eso que no sorprende que las iniciativas financiadas por el Estado nacional hayan desaparecido, brillando por su ausencia en el Presupuesto 2025 que el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso de la Nación, y que desató la ira de gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes de la oposición.

Así, desde fines de 2023 quedaron en el camino más de 2.000 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, mil de los cuales estaban en territorio bonaerense, según documentación oficial. Es una caída de casi el 90% en cantidad de obras, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

El recorte pegó duro en la provincia de Buenos Aires, que anunció la prosecución de algunos proyectos con fondos propios. El golpe es más intenso en áreas como rutas y caminos y otras iniciativas de infraestructura.

En este marco, expertos señalaron que la “Ley de leyes” nacional para el año próximo prevé para Vialidad partidas asignadas por unos $700.000 millones, que al cambio oficial son más o menos US$ 700 millones. Al respecto, señalan que lo determinado para esa repartición clave es “un presupuesto parecido al de Paraguay, un país más chico que Argentina”.

El rechazo al recorte también fue expresado por la Cámara Argentina de la Construcción. Su presidente, Gerardo Weiss, aseguró que la retirada del Estado en la obra pública no tendrá una contrapartida positiva en los privados.

Al respecto, desde el sector de las constructoras señalaron que Vialidad Nacional continuaría con la ejecución de 178 obras viales “pero no se sabe cuándo se harán ni con qué presupuesto”, cuestionaron.

No sólo se trata de obras paralizadas o abandonadas. El retiro del Estado se traduce en pérdida de fuentes de trabajo.

PROVINCIA RECOGE EL GUANTE
Al rescate de las iniciativas con un Presupuesto multiplicado x 2

La provincia de Buenos Aires no sólo condenó el recorte de la obra pública, sino que decidió poner manos a la obra. Así, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció la primera etapa de un plan de reactivación de trabajos. Incluirá, en un primer tamo, a 350 de las más de mil obras abandonadas por la gestión de Javier Milei.

El funcionario de Axel Kicillof explicó que que se continuarán los trabajos en 86 Centros de Desarrollo Infantil para lo que es el Programa de Cuidado, Primera Infancia, en los hogares de las familias más pobres de la provincia de Buenos Aires. “Son 86 Centros de Desarrollo Infantil que quedaron frenados y parados el 10 de diciembre y que ya están algunos inaugurándose y el resto en ejecución o relicitándose”, manifestó.

Asimismo, planteó que el Estado provincial se hará cargo del Programa de Infraestructura Universitaria, con el fin de reactivar las obras en casas de altos estudios ubicadas en territorio provincial. “Son 38 obras que ya se están contratando y que en 24 universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires se van a venir ejecutando”, comentó.

Al respecto, Katopodis explicó que la Provincia dispuso duplicar el presupuesto inicial destinado a la obra pública. En enero de 2024 ascendía a 248,4 mil millones de pesos, mientras que en septiembre este monto ya se incrementó a 516,8 mil millones, proyectándose que para diciembre llegue a 695,9 mil millones, triplicando el monto original.

FRENAZO TOTAL
La Ley Bases y un plazo que puso las obras bajo revisión

Hacia mitad de año, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, intimó a los municipios a terminar las obras en 120 días “o devuelven la plata”, en referencia a las que se financian por parte de Nación a través del programa Argentina Hace, creado en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández.

Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder quedaban pendientes 951 obras de este plan, con un monto no ejecutado de $598.522 millones. La mecánica implicaba un acuerdo entre partes por el que Nación financiaba las obras y las comunas se encargaban de la licitación y de los proyectos para llevarlas adelante.

El artículo 1° de la Ley de Bases declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que permitió a la Secretaría de Obras Públicas poner en revisión todos los trabajos financiados por fondos nacionales. La medida incluye, además, a los programas “Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil”, “Infraestructura Sanitaria”, “Infraestructura del Transporte, movilidad y accesibilidad”, “Infraestructura del cuidado”, “Apoyo al fortalecimiento de la infraestructura comunitaria” e “Infraestructura para establecimientos de Educación Técnica Profesional”.

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