El gobierno de Milei eliminó la Secretaría de Vivienda, dejando inactivos planes como el PROCREAR. En la Provincia, se paralizó la construcción de más de 16.000 unidades habitacionales.

“Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, reconoció el presidente Javier Milei en una entrevista concedida a mediados del año pasado. Y vaya si cumplió su anhelo.

Su plan marcha viento en popa y alcanzó, en las últimas semanas, al sueño de miles de familias bonaerenses de acceder a una vivienda propia.

Desde la Casa Rosada dieron el OK y el oficialismo anunció una doble y dolorosa decisión: poner punto final al programa PROCREAR y disolver la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación.

La decisión dejó, según evaluaciones del Gobierno bonaerense, más de 16.000 casas en la provincia de Buenos Aires sin finalizar, entre aquellas incluidas en el PROCREAR II y otras iniciativas, como ACUMAR (construye viviendas para relocalizar familias en riesgo en los municipios que integran este organismo), Casa Propia y Reconstruir, todos bajo la órbita de la administración nacional.

De acuerdo con el relevamiento que realizaron la Provincia y los intendentes, por el PROCREAR son casi 8 mil las viviendas cuya construcción queda paralizada, repartiéndose el resto entre los demás programas.

“No sólo dejaron a 16.147 familias sin la vivienda que vienen esperando y pagando desde hace tiempo, sino que en ese número están varias viviendas para jubilados en situación delicada”, señalaron desde el Ejecutivo.

Precisamente, el gobernador Axel Kicillof fue duro con la decisión de la gestión Milei de cancelar el programa y desarticular el área ministerial, luego de que la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, asegurase que algunas de las viviendas paralizadas tenían un avance de hasta el 90%, “que se hicieron con los impuestos de todos los argentinos”, subrayó la funcionaria.

Desde el Gobierno bonaerense aclaran que la mecánica implicó la firma de convenios entre Nación y los municipios, que cedían terrenos y se encargaban de tareas de infraestructura como la provisión de electricidad, agua potable y otras necesidades. “Nosotros, la Provincia, no estábamos directamente involucrados”, aclaran, aunque ratifican que buscaron, sin éxito, una solución.

Volvamos al inicio. El topo, como se autodefinió Milei, no dejó dudas de sus intenciones: afuera el Estado, afuera lo público, todo el protagonismo para el mercado. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste y se interponga quien se interponga delante de la picadora y la guillotina.

Sin embargo, la enunciación no tuvo, en el caso de los planes habitaciones, su correlato en la realidad. La Nación no deshace los contratos con las empresas constructoras, no gestiona créditos internacionales para terminar las unidades habitacionales ni tampoco acepta, hasta ahora, que el sector privado se haga cargo de las obras a medio hacer.

Desde la Provincia aseguran que mantuvieron contactos con empresas privadas, las que se mostraron dispuestas a tomar los trabajos, sin embargo están en la misma que todos: hasta que no se resuelva la parte legal, nadie puede mover un dedo.

En Mercedes, por ejemplo, las empresas que construyen las viviendas (algunas están al 95%) dejaron los trabajos a fines del año pasado. “Nación no acepta rescindir el contrato por incumplimiento de la empresa, y las empresas dicen que no siguen por incumplimiento en los pagos por parte de Nación”, aseguró el intendente Juan Ustarroz.

De todas maneras, son pocos los municipios que podrían hacerse cargo de las obras inconclusas desde el punto de vista económico, con un cálculo que fija en aproximadamente 60.000 dólares el valor de construcción de cada vivienda que se levanta.

SILVINA BATAKIS
“No hubo una intención concreta del Gobierno para encontrar soluciones”

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, consideró que las medidas respecto de la vivienda “no toma en cuenta las necesidades que tiene la población”,
puntualizando que “hay una problemática que el mercado por sí solo no resuelve, que es la de la población trabajadora, que tiene ingresos no formales y no pueden acceder al crédito hipotecario. O son formales pero tampoco alcanza para ese crédito“.

La funcionaria sostuvo que la intención de la Provincia es que “nos hagan un traspaso formal de las obras para tratar de terminarlas nosotros de alguna forma. Eso fue imposible, la legalidad nunca estuvo presente en todo eso, ya que el Gobierno Nacional tendría que romper los contratos que tiene con las empresas empresas constructoras, para que nosotros podamos hacer nuestras propias licitaciones, y eso nunca se hizo. Incluso pedimos que, aunque sea, nos traspasen las de programas como Reconstruir o Casa Propia”.

Además, recordó que “nos dijeron que si estábamos dispuestos a tomar también las PROCREAR ellos harían posible que saquemos un crédito internacional, del BID, del Banco Mundial, de la CAF, para terminarlo. Nosotros accedimos a eso, lo hablamos por supuesto con el gobernador (Axel Kicillof) y de todos modos en Nación eso nunca sucedió. Hasta que ahora se decidió el cierre definitivo del área”.

Batakis sostuvo que “hay casos como el de Morón, que la obra estaba terminada en un 92 o 93 por ciento, casi finalizada, la verdad es que es de una crueldad absoluta. Y en Avellaneda hasta tenían preadjudicación, o sea que una familia tenía la ilusión de su casa porque tras el sorteo sabían que esa casa tenía nombre y apellido”.

La exministra de Economía del gobierno de Alberto Fernández reconoció que “con los intendentes hemos hecho algún intento, por ahí más silenciosamente, pero nunca tuvimos respuesta. Cada reunión a la que fuimos con el Gobierno Nacional fue un desperdicio de tiempo, porque primero cambiaban los funcionarios a cada rato, después nos decían una cosa que no se cumplía. Al principio -explicó- habían dicho que las viviendas que estén arriba del 70% las iban a terminar, pero tampoco se cumplió”.

Finalmente, reveló que “muchos intendentes están mandando cartas documento al Gobierno nacional, que es quien firmó los contratos con las empresas. Es un problema cómo triangular esa cuestión legal, el esquema es sumamente complicado.

ALCALDES EN LLAMAS
Intendentes, entre el reclamo ante la Justicia y los palos a Milei

Tras la supresión del PROCREAR, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, adelantó que irá a la Justicia para que el Gobierno nacional le devuelva al municipio la titularidad de dos edificios que habían sido cedidos para la construcción de viviendas durante la gestión de Alberto Fernández.

"Exigiremos, por medio de las acciones legales que correspondan, la restitución de los inmuebles aportados y, con fondos propios, darles continuidad", sostuvo el alcalde del Conurbano. Se trata de los predios Entre Ríos (Piñeiro) y Belgrano 678 (Avellaneda Centro), en los que se proyectó construir 158 viviendas, ahora discontinuadas.

En tanto, el intendente de Castelli, Francisco Echarren (Unión por la Patria), se mostró furioso tras el anuncio del gobierno nacional de disolver la Secretaría de Vivienda y Hábitat. "Parece que a Milei no le alcanzó con paralizar la obra publica, gasear jubilados, recortar en salud y educación, aumentar la pobreza y la desocupación. Ahora deja sin el sueño de la casa propia a 300 familias de Castelli", sostuvo. Desde la comuna explicaron no tienen capacidad para hacerse cargo de las viviendas en construcción que quedaron inconclusas, por lo que se han cancelado las preadjudicaciones realizadas, lo que impacta proyectos nacionales como el Desarrollo Urbanístico ProCreAr y el Barrio "Juan Carlos Zocchi". Además, precisaron que la interrupción de estos planes implica un gasto de más de 6.000 millones de pesos, un costo
imposible de asumir para el municipio.

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