En varios distritos, vecinos autoconvocados impidieron que se instalen centrales termoeléctricas y basurales pidiendo una mirada ambiental, pero también son cuestiones que deben resolverse
Compartir
Los cuidados ambientales tomaron mayor relevancia en los últimos años. Tanto los gobiernos como los ciudadanos comenzaron a tener mayor conocimiento sobre dichos aspectos y, gracias a protestas autoconvocadas de vecinos, algunos proyectos relacionados a la generación de energía o la recolección de residuos fueron rechazados en los Concejos Deliberantes.
Un caso que tomó trascendencia en los últimos días ocurrió en Brandsen, cuando la empresa SCC Power quiso instalar en el distrito de la Tercera sección electoral una planta de generación termoeléctrica, en el kilómetro 49 de la Ruta 2, zona límite entre el distrito comandado por el camporista Fernando Raitelli y la ciudad de La Plata. Tras varias protestas de vecinos, y la ausencia de un concejal del oficialismo en medio de la interna de Unión por la Patria, la central termoeléctrica finalmente no será instalada en Brandsen y la empresa sufrió un nuevo revés en su intento de posicionarse en suelo bonaerense gracias al rechazo del Concejo Deliberante.
En diálogo con La Tecla, Jorge Loyza, vecino autoconvocado de Brandsen que tomó partido en este asunto, sentenció que SCC Power quiso instalarse en otros tres distritos y en todos los casos la historia terminó con el rechazo. Además del municipio gobernado por Raitelli, hubo intentos de instalaciones de centrales termoeléctricas en algunos distritos como Campana y General San Martín. En ambos terminó siendo rechazada tanto por la política como por los vecinos.
En Pilar logró instalarse, pero, debido a varias resoluciones judiciales y varios años de lucha por parte de la comunidad, la empresa de encuentra en proceso de desmantelamiento de la planta en ese distrito del Conurbano bonaerense.
En esa sintonía, también hubo polémica por instalaciones de basurales a cielo abierto en varios distritos, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la concentración poblacional es mayor y el impacto ambiental puede ser alto si no se toman las medidas pertinentes.
Un ejemplo emblemático ocurrió en Luján, donde la Justicia Federal ordenó frenar la obra de la construcción de un relleno sanitario y el cierre técnico del basural a cielo abierto, conocido como La Quema. Operaba hace más de 40 años y se depositaban 120 toneladas de residuos por día.
Gracias a las movilizaciones vecinales y reclamos de organizaciones ambientalistas, en octubre del 2022 comenzaron las tareas cerrar el basural y construir un Centro Ambiental en el Predio de Sucre, que se enmarca dentro del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y comprende una inversión por parte del Estado nacional junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de USD 18 millones.
Con la llegada del nuevo gobierno nacional se paralizaron las obras y en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abril de 2025, el máximo tribunal obligó al gobierno a finalizar la reconversión del basural.
El rechazo de vecinos también se da cuando se intentan construir nuevas cárceles, sobre todo en distritos del interior de la Provincia, como ocurrió con un caso emblemático en Castelli y Dolores, que tanto los ciudadanos de la zona como los dirigentes locales se opusieron a la construcción de una nueva unidad penitenciaria en el límite entre los dos municipios.
Jorge Loyza – vecino autoconvocado de Brandsen
“Las termoeléctricas no traen ningún beneficio a la población”
Tras el rechazo del Concejo Deliberante a la instalación de la central termoeléctrica en la Ruta 2, Jorge Loyza, vecino autoconvocado del distrito, que participó de las movilizaciones, sostuvo que las mismas “no traen ningún beneficio a la población”, porquese encargan de la generación de energía y no para que llegue a los usuarios de esos pueblos.
También se refirió a los perjuicios que podía traer su instalación: “Todos tomamos agua en las acuíferas Puelche, tenemos agua corriente, tenemos pozos y esta planta utilizaría hasta siete millones de litros de agua por día. Es una locura en términos de agua. Y toda la producción de esta región es de flores, de frutas y de hortalizas. Es el mayor productor del país y abastecedor del mercado nacional y hasta de exportación. Inclusive hay productores que tienen certificaciones internacionales, que se ponen en juego de esta manera. Esta política impacta en Brandsen, en La Plata, en Florencio Varela, en Berazategui”.
A la hora de hablar sobre por qué los vecinos rechazan este tipo de instalaciones, Loyza sostuvo: “Son plantas que funcionan a 107 decibeles y más de 5,5 es dañino para el humano. La pregunta tendría que ser ‘¿cómo hacemos para generar energía?’. No cómo hacemos con estas plantas, que ya una empresa las compró y las tiene en algún lugar. La Nación tiene que tener una mirada más sustentable. Las empresas hacen su negocio. Andá a instalar esta planta en España, Alemania, Francia, o en cualquier lugar donde se cuide al medio ambiente, no podés instalarla, porque es una tecnología obsoleta”.
Brandsen tiene un historial de rechazos a este tipo de proyectos, ya que hubo cuatro reclamos vecinales a la instalación de este tipo de obras como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de basura y construcción de centrales termoeléctricas. Loyza lanzó críticas a la política local porque “no ha aprendido que los vecinos tenemos nuestra forma de expresarnos y de actuar en un inventario nuevo que ya tenemos. De cuatro cosas, de las cuales tres ya se eliminaron y una está en proceso de sacarse”.
Ing. Graciela Suárez – Docente Universidad Nacional de Avellaneda
“Los proyectos se rechazan porque no se difunden como corresponde”
La Tecla dialogó con Graciela Suárez, docente de Gestión Ambiental de Emprendimientos Productivos y de servicios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sostuvo que en algunas ocasiones “la gente tiene razón en asustarse y otras tantas veces no la tiene, porque reacciona de esa manera por el desconocimiento, y uno le tiene miedo a todo lo que no conoce”.
Ante la consulta sobre por qué se rechazan este tipo de proyectos, la ingeniera sentenció: “Creo que se rechaza porque no se difunde como corresponde y no se cumple con algunas etapas que deberían ser previas a decir ‘voy a hacer una obra acá en este lugar’”. Allí añadió: “Si vos te ponés a analizar o a desarrollar un estudio regional, un estudio ambiental de planificación regional, hay pasos previos para difundir antes de querer arrancar de prepo. Cualquier cosa que la sociedad vea que se empieza a hacer de un día para el otro y no tiene datos sobre qué es lo que se va a hacer, ya de entrada se predispone mal”.
En esa línea, sostuvo que los proyectos de este calibre no se difunden lo suficiente o “no se concientiza a la gente de los pros y los contras de estas iniciativas, en forma previa a presentar en un municipio o en una provincia”.
En esa línea, aseguró que tiene que cambiar “el paradigma de lo que es un estudio de impacto ambiental, o de los impactos ambientales que cualquier emprendimiento que haga el hombre causa. Porque sí o sí causamos impactos. No hay una sola actividad que no cause impacto. Todo depende de cómo la desarrollemos, qué medidas tomemos para minimizar esos impactos, o para evitarlos directamente, y cómo elijamos el lugar donde vamos a desarrollar esa actividad”.
Para hacerle frente a estas situaciones conflictivas, la docente de la Universidad Nacional de Avellaneda planteó realizar “una planificación regional que pueda contemplar todas las aristas de un proyecto y buscar los pros y los contras de las distintas localizaciones que un determinado proyecto pueda tener y mostrarlo a la sociedad”.
¿Hacen falta más cárceles en PBA?
Con el flagelo de la inseguridad que sigue creciendo en la Provincia, hay controversia sobre si es necesaria, o no, la construcción de nuevas unidades penitenciarias para contener a las personas privadas de su libertad. Hubo varios intentos por instalarlas en distritos bonaerenses, pero fueron rechazados tanto por el pueblo como por los dirigentes.
Un caso se dio en Castelli y Dolores en 2023, donde Francisco Echarren (UxP) y Camilo Etchavarren (PRO) se unieron para rechazar la instalación de una cárcel bonaerense en el límite entre los dos distritos. Otro caso similar se dio en Quilmes, cuando propusieron una unidad carcelaria en la zona de la ribera, pero desistieron por protestas relacionadas al lugar donde pretendían construirlas.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria consideran que la solución no es la construcción de cárceles. “Cuando este plan se lanzó había un 108% de sobrepoblación, se construyeron más de 6.000 plazas y hoy seguimos teniendo un 108% de sobrepoblación. Lo que ocurre es que cada vez se detiene más”.