La Justicia avanza a paso firme en distintas causas que
comprometen a exjefes comunales. Cuáles son las denuncias y que responden los principales implicados
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Las rivalidades políticas no dan vuelta de página y así quedó demostrado en el avance de diferentes causas que comprometen a exintendentes bonaerenses, donde muchos de ellos deberán dar explicaciones ante la Justicia. Quiénes son los más complicados y cuáles son sus explicaciones frente a los embates de sus sucesores.
En cada cambio de gestión las transiciones no son nada tranquilas y si son de colores políticos diferentes las mismas no quedan exentas de polémicas. Así sucede en varios distritos, donde las administraciones actuales acudieron a la Justicia para denunciar a sus antecesores, que, frente a las pruebas presentadas deberán rendir cuentas.
Ejemplo de estos casos son los que se registran en municipios como La Plata, Dolores, General Madariaga, Pinamar y Suipacha. En cada uno de ellos los actuales intendentes encontraron razones suficientes para avanzar en la Justicia. En consecuencia, allanamientos, pedidos de explicaciones y citaciones se convirtieron en moneda frecuente para cada uno de los exalcaldes que no titubean al momento de denunciar persecuciones políticas o desvío de atención frente a problemáticas de administración.
En el caso de la capital provincial, el fiscal responsable del expediente y titular de la UFI N°16 Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó un allanamiento en la residencia del exintendente Julio Garro. Esta acción forma parte de una investigación que examina la posible complicidad entre varios funcionarios de alto rango y empresas privadas, en relación con supuestos desmanejos en proyectos inmobiliarios en las afueras de la capital provincial. En la misma causa son investigados exfuncionarios de la gestión que comandó los destinos de la ciudad entre 2015 y 2023.
A un paso de la resolución se encuentra el expediente que compromete al exintendente de General Madariaga Cristian Popovich que gobernó la comuna desde 2009, cuando reemplazó a Adrián Mircovich, hasta 2015. Frente a los hechos denunciados se declaró culpable en la causa de corrupción en la que se lo investigaba. En la misma se lo acusó de ejercer desavíos de fondos e integrar una asociación ilícita. La denuncia en su contra fue presentada por el actual jefe Comunal, Esteban Santoro, quien busca un cambio de la carátula de la causa, además de oponerse a un juicio abreviado que pueda significar una reducción de pena para el exalcalde.
Quien se encuentra más esperanzado respecto a la causa que lo compromete es el exintendente radical (Ex Juntos por el Cambio) de Suipacha Alejandro Federico, quien considera que su expediente va “camino a desestimarse”. Cabe recordar, que el actual jefe comunal, Juan Luis Mancini, denunció a su antecesor por la venta irregular de terrenos en la Zona Industrial. La justicia investiga la posible comisión de varios delitos y graves irregularidades administrativas.
En el ojo de la Justicia también se encuentra el actual diputado nacional del PRO y exintendente de Pinamar Martín Yeza. Si bien en su municipio el cambio de gestión se hizo por el mismo partido, las denuncias le llegaron por el lado de la oposición, donde es investigado por temas relacionados a la obra pública.
En Dolores, municipio que gobierna el peronista Juan Pablo García se denunció al exintendente Camilo Etchevarren por licitaciones millonarias en la compra de materiales que nunca se utilizaron. Este no es el único antecedente que complica al exmandamás local. ya que la gestión actual denunció un pedido formal de Mariana Etchevarren, hermana del exintendente del Pro y exfuncionaria municipal, para que se prescriba una deuda que supera los 2 millones de pesos por una tasa municipal impaga durante la gestión de su hermano. Desde el municipio aseguraron que lo adeudado quedó en situación de prescripción debido a que no se realizó ningún reclamo durante cinco años, que es el plazo máximo para exigir el pago. Además, señalaron que esos años transcurrieron mientras Etchevarren estaba en el cargo, ya que gobernó entre 2007 y 2023. Estas denuncias se suman a las que ya están en marcha en diferentes instancias judiciales a lo largo y ancho de la Provincia. Mientras tanto las chicanas políticas se encuentran a la orden del día en el proceso de investigación, principalmente entre los denunciantes y denunciados. Solamente la Justicia tiene la última palabra para determinar la culpabilidad de los acusados.
GENERAL MADARIAGA Municipio con los tapones de punta
En septiembre de 2024 el ex intendente Cristian Popovich se declaró culpable en la causa de desvío de fondos y asociación ilícita denunciada por el gobierno de Carlos Santoro en 2016. La misma implicaba la contratación de empresas fantasmas para hacer el traslado de polvo de piedra (130 traslados según la investigación realizada) desde Madariaga hasta Chapadmalal y Cerro Dominico, viajes que eran realizados con un camión municipal.
Se expuso que el municipio efectuaba pagos con cheques a nombre de la supuesta empresa contratista, pero los mismos se les entregaban endosados y en mano a empleados municipales, quienes los depositaban en la propia cuenta del intendente Popovich.
Frente a lo expuesto, el fiscal Mario Pérez, calificó el hecho como defraudación en perjuicio de la Administración Pública y solicitó la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación perpetua y pago de costas, a los cuales el imputado prestó su conformidad. Desde la actual gestión municipal, se opusieron y reclamaron el cambio de carátula a Asociación Ilícita.
LA PLATA Irregularidades, allanamientos y desmentidas en la capital provincial
La denuncia penal contra el exintendente de La Plata Julio Garro, por presuntos hechos de corrupción, generó un fuerte impacto en la capital bonaerense. La causa investiga supuestas irregularidades vinculadas a convenios urbanísticos firmados durante su gestión, que habrían favorecido a emprendimientos inmobiliarios privados en la periferia de la ciudad. Según la administración actual, encabezada por Julio Alak, se detectaron anomalías en los expedientes relacionados con desarrollos urbanos, lo que motivó la presentación judicial. En respuesta, el abogado de Garro, Fabián Améndola, rechazó las acusaciones y desmintió que su defendido haya sido allanado. Aclaró que la policía sólo se presentó en el ingreso del barrio cerrado donde vive el exfuncionario, sin una orden que habilite el ingreso al domicilio.
Además, sostuvo que Garro no tenía documentación vinculada a las empresas involucradas y que colaboró entregando su celular. También explicó que el foco actual de la causa se centra en la construcción de una rotonda en la intersección de las calles 467 y 160, como parte de la compensación por plusvalía acordada con un emprendimiento inmobiliario. Según relató, fue un particular quien se comprometió a realizar la obra como parte del convenio con el municipio, sin intervención estatal ni proceso licitatorio, lo que considera legal. Además, detalló que la empresa que concretó la obra fue Sol Vial, y que el costo final superó lo previsto originalmente debido a mejoras como iluminación y mayor infraestructura.
El abogado también denunció presuntas maniobras políticas detrás de la causa y aseguró que un convenio en el expediente habría sido reemplazado por otro con distinto valor, lo que considera sospechoso.
Además, cuestionó que sólo se haya investigado un caso puntual sin revisar otros desarrollos similares. Finalmente, sugirió que se trata de una ofensiva del oficialismo provincial contra opositores.
SUIPACHA “Es una denuncia que no tiene sentido y fue todo legal”
El exintendente de Suipacha Alejandro Federico (Juntos por el Cambio) fue denunciado por su sucesor, Juan Mancini (Unión por la Patria), por presuntas irregularidades en la venta de terrenos industriales. Consultado por La Tecla, sobre el estado de la causa, Federico afirmó que “hasta el día de hoy no nos llamaron a declarar. Nosotros no estamos imputados, ni nada. Aparte, el intendente actual, quien es el que hace la denuncia, fue el mismo que levantó la mano en el Concejo Deliberante para que actuáramos como lo hicimos”.
Alejandro Federico - Exintendente Suipacha
En este sentido, el exintendente agregó: “Creo que, en camino a desestimarse, porque es una denuncia que no tiene sentido y quedó demostrado que fue todo legal, con la aprobación del Concejo por unanimidad”.
PINAMAR Imputado por irregularidades en obras públicas
En 2021, el exintendente de Pinamar Martín Yeza fue denunciado por presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas durante su gestión municipal. La fiscal federal Paloma Ochoa lo imputó por el delito de malversación de fondos, en el marco del plan de obras impulsado bajo su administración. La denuncia fue presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade y el concejal Gregorio Estanga, ambos referentes de Unión por la Patria. Estanga aseguró que, además de sobreprecios en obras menores, se registraron pagos por trabajos que no se realizaron. Como ejemplo, señaló que se habrían pagado 81 mil pesos por la construcción de un cordón en una rotonda que nunca llegó a ejecutarse.
Por otra parte, en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, el ministerio del Interior le adjudicó a la empresa constructora Ashoka Construcciones S.A. una intervención urbana sobre la Avenida Bunge, en el marco del Plan de Renovación Urbana. El contrato ascendía a $33.585.683,10 millones. La obra comenzó en septiembre de ese año, pero a los tres meses la empresa ya había percibido más de $25 millones, es decir, cerca del 75% del monto total, lo que generó sospechas sobre el avance real de los trabajos. Actualmente, la investigación se encuentra en manos de la jueza federal María Romilda Servini, quien deberá decidir la situación procesal del exintendente. En 2022 el exintendente de Pinamar Martín Yeza fue absuelto en la causa del robo de tarjetas Alimentar.
DOLORES Licitaciones millonarias y compras sin justificar
En la denuncia efectuada por la actual gestión se determinó la realización de una licitación por más de 14 millones de pesos para asfaltar una cuadra ya pavimentada y la compra de 20 mil toneladas de polvo de piedra que nunca se utilizó.
Se advirtió que durante la administración de Camilo Etchevarren se habría licitado la compra de material para asfaltar una calle que ya se había pavimentado. Se trata de calle Vucetich, entre Bravo y Fleury.
Sobre este tema el Asesor Letrado, Sebastián Tamagno, explicó que “el Municipio autorizó, durante la gestión saliente, la erogación por un monto de hasta $14.280.000. Para eso, la oficina de compras sugirió encuadrar en compras directas y concurso de precios los materiales necesarios. Luego se realizó un decreto que carece de firmas, o sea un acto administrativo sin firma y por lo tanto carente de valor jurídico”.
Ante esta irregularidad se radicó una denuncia judicial en la que se dejó constancia de que “el expediente muestra sospechas claras que se trataba de un procedimiento administrativo simulado, cuya única finalidad era extraer, sin saber cuál habrá sido el destino real, fondos de la Municipalidad de Dolores por al menos $14.280.000”.
Tamagno también confirmó que “en 2022-2023 hubo expedientes que siempre se le adjudicaron al mismo proveedor, VULTER SA, por sumas millonarias para mejorado de piedra. Son 20.900 toneladas que figuran recibidas y no se habrían utilizado en las calles que motivaron su compra”.
A pedido del fiscal Mario Pérez, dos peritos oficiales de la Corte bonaerense llegaron a Dolores para investigar y concluyeron que la piedra no está, o al menos, no en los lugares donde la gestión anterior dijo haberla colocado.
La actual gestión municipal descubrió que, según los libros contables, el material había sido comprado y supuestamente entregado entre 2022 y 2023, sin embargo, no había constancia de la existencia del material. Frente a estas denuncias el exintendente no respondió a las consultas de La Tecla.
