Cadena de pagos en crisis: falta de remedios, obras paradas y deudas que aprietan servicios esenciales en la Provincia
En Buenos Aires, los atrasos en pagos a proveedores están golpeando fuerte: remedios que faltan en salas sanitarias y hospitales, obras públicas paralizadas (no solo las nacionales, sino muchas con fondos provinciales y ProFiDE), y aunque los alimentos llegan a los comedores, la bola de nieve con proveedores amenaza con cortar la entrega. Hay responsabilidad compartida en la gestión de ambos gobiernos.
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En la Provincia de Buenos Aires, la cadena de pagos está cada vez más floja y eso se siente en áreas que no pueden esperar: salud, obras y asistencia social. Proveedores de hospitales, constructoras y distribuidores de alimentos acumulan atrasos, lo que genera problemas serios para la gente vulnerable.
En salud, los remedios básicos están faltando en muchas salas sanitarias y centros de atención primaria. Aunque la Provincia lanzó el programa Medicamentos Bonaerenses para cubrir 74 fármacos esenciales gratis en hospitales públicos, los recortes nacionales en programas como Remediar o oncológicos, sumados a tensiones financieras propias, dejan hospitales saturados y con demoras en insumos. Pacientes crónicos o de bajos recursos son los que más sufren cuando no encuentran lo que necesitan.
En obras públicas, el parate es general: no solo las casi mil proyectos frenados por Nación (rutas, escuelas, cloacas), sino también muchas financiadas con fondos provinciales o a través del ProFiDE que llevan meses de atrasos por falta de pagos o priorización de recursos. Empresas constructoras no cobran certificaciones a tiempo, suspenden trabajos y terminan dejando gente en la calle.
El impacto en el empleo de la construcción es durísimo: desde el inicio de 2024, la Provincia perdió alrededor de 50.000 puestos de trabajo registrados en el sector, según reportes sindicales y oficiales. Muchas cesantías vienen del Instituto de la Vivienda, donde proyectos habitacionales paralizados (miles de casas inconclusas) obligan a empresas a reducir personal o despedir directamente por no poder pagar sueldos ante los atrasos en cobros. Esto no solo frena el acceso a viviendas para familias necesitadas, sino que deja a obreros calificados sin ingreso en plena crisis.
En los comedores comunitarios, por ahora los alimentos se están entregando y no hay corte total, gracias a programas provinciales que mantienen las transferencias. Pero los proveedores denuncian deudas acumuladas que se hacen bola de nieve: si no se pagan a tiempo, podrían empezar a fallar las entregas futuras, rompiendo la cadena y dejando a miles de chicos y familias sin esa ayuda clave en un momento donde la demanda explotó.
Todo esto pasa en un contexto de tensiones financieras: Nación retiene fondos y paraliza transferencias, pero la gestión provincial también enfrenta críticas por un manejo de los gastos como si hubiera dinero fresco disponible —al estilo de lo que pasaba con Alberto Fernández en el gobierno nacional—, lo que genera atrasos con proveedores y complica el flujo en áreas sensibles. Mientras los políticos están en su interna la gente común está afectada por los servicios que se resienten a diario.
