La crisis golpea la salud bonaerense y empuja cada vez más pacientes al sistema público
El deterioro de los ingresos, el aumento del costo de las prepagas y las dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones modifican la forma en que los ciudadano se atienden. Un estudio advierte que la demanda se desplaza hacia IOMA y los hospitales públicos.
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La crisis económica que atraviesa el país empieza a tener una consecuencia cada vez más concreta sobre la salud de los bonaerenses. No se trata solamente de una discusión sobre recursos, presupuestos o cobertura. El deterioro de los ingresos está modificando las decisiones de las familias, que postergan consultas, dejan de comprar medicamentos, abandonan coberturas privadas y recurren con mayor frecuencia al sistema público.
Así lo refleja un estudio realizado por la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Participar y Arqueos, que analizó el impacto de la crisis económica nacional sobre el acceso a la salud y el sistema sanitario bonaerense. El relevamiento muestra un escenario de creciente presión sobre las obras sociales y el sistema público, al mismo tiempo que persiste una fuerte demanda para que el Estado garantice el acceso a la atención sanitaria.
Uno de los datos más contundentes aparece en las decisiones que las personas toman frente al aumento de los costos. El 56,6% de los encuestados aseguró haber modificado algún hábito relacionado con la atención o el cuidado de su salud por razones económicas. Dentro de ese universo, el 24,1% postergó consultas médicas y el 18,1% dejó de comprar algún medicamento.
El problema también se refleja en el endeudamiento. El 30,2% manifestó haberse endeudado por cuestiones vinculadas con la salud frente a la situación económica actual. La dificultad para sostener una consulta, comprar un medicamento o acceder a un tratamiento dejó de ser una situación excepcional para convertirse en parte del impacto cotidiano de la crisis.
“Que haya personas que dejen de comprar medicamentos por no poder pagarlos es uno de los datos más preocupantes del estudio”, explicó Melina Alcaraz, socióloga y coordinadora del relevamiento. Según planteó, interrumpir un tratamiento puede agravar una enfermedad y generar consecuencias irreparables. A eso se suma que tres de cada diez encuestados tuvieron que endeudarse por cuestiones vinculadas con la salud.
La salud privada pierde terreno y la demanda recae sobre lo público
El deterioro de las coberturas privadas aparece como otra de las caras del problema. El 51,3% de los encuestados afirmó conocer personas que dejaron de pagar una prepaga y pasaron a una obra social o directamente al sistema público. La necesidad de atención, de esta manera, no desaparece cuando una familia pierde capacidad de pago. Se traslada hacia otros actores del sistema sanitario.
En la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos donde comienza a sentirse esa presión es IOMA. Durante el primer trimestre de 2026, la obra social bonaerense registró un aumento del 10% en la demanda de servicios médicos y medicamentos. Entre 7.533 afiliados identificados que trasladaron consumos desde otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de prepagas y el 8% de otras obras sociales.
El dato muestra una transformación del mapa sanitario. Personas que antes resolvían parte de sus necesidades mediante otras coberturas comienzan a recurrir a IOMA, mientras quienes no pueden sostener una prepaga se acercan a las obras sociales o al sistema público.
“Lo que vemos es un desplazamiento de esa demanda hacia el sistema solidario y público, y en la provincia de Buenos Aires una parte de esa presión termina llegando a IOMA y al sistema provincial de salud”, señaló Alcaraz.
La situación también queda expuesta en los grupos focales realizados para el estudio. Entre personas mayores con PAMI e IOMA aparecen casos de afiliados que recurren a la obra social provincial para conseguir estudios, medicamentos o especialistas cuando no encuentran respuesta en PAMI.
El Estado aparece como última red de protección
Frente a este escenario, el estudio registra una fuerte demanda para que el Estado tenga un papel central en la cobertura sanitaria. El 72,3% de los encuestados considera que el Estado debe garantizar la cobertura de salud y, específicamente entre los bonaerenses, identifica al Gobierno provincial como responsable de brindar esa cobertura. Apenas el 12,4% se inclina por un sistema privado.
El resultado profundiza una tendencia que ya había aparecido en la medición de 2025. En aquel momento, el 69% consideraba que la salud debía ser financiada y garantizada por el Estado, mientras que el 24% prefería un sistema privado.
Pero esa mayor valoración del Estado no significa que el sistema bonaerense esté exento de cuestionamientos. En el caso de IOMA, los usuarios reclaman principalmente mejoras en los tiempos para conseguir turnos, el acceso a medicamentos, la disponibilidad de especialistas y las desigualdades territoriales para acceder a determinadas prestaciones.
La paradoja es que, mientras crecen las demandas sobre el sistema, también aumenta la valoración de IOMA como una garantía de acceso. El encarecimiento de las alternativas privadas y las dificultades de otras coberturas hacen que la obra social provincial gane importancia como red de protección, incluso entre usuarios que reclaman mejoras en su funcionamiento.
De Nación a la Provincia, el costo de la crisis cambia de manos
El estudio plantea una conclusión que atraviesa todo el escenario sanitario. La crisis no elimina el costo de la salud, sino que lo traslada. De las prepagas a las obras sociales, de PAMI a IOMA, de Nación a las provincias y, cuando el sistema no logra responder, directamente al bolsillo de las familias.
En ese contexto, el 48,5% de los encuestados considera que la falta de recursos nacionales afecta mucho al sistema público provincial. Al mismo tiempo, más de la mitad manifestó desconfianza respecto de la capacidad del Gobierno nacional para mejorar el sistema público de salud.
El escenario que describe el relevamiento es, por lo tanto, el de un sistema sanitario bonaerense que recibe una presión creciente en medio de una crisis económica que deteriora la capacidad de pago de las familias y dificulta sostener coberturas privadas.
La Provincia aparece cada vez más como una de las redes capaces de absorber esa demanda. Pero esa responsabilidad también expone sus propias limitaciones. Más pacientes, más demanda de medicamentos y prestaciones y reclamos vinculados con turnos, especialistas y desigualdades territoriales configuran un sistema que debe responder a una crisis que excede sus propias fronteras.
“Cuando Nación se retira, el paciente no desaparece”, sintetizó Alcaraz. “Sigue necesitando una consulta, un medicamento o un tratamiento”. La consecuencia es que esa necesidad termina siendo absorbida por las provincias, las obras sociales o el bolsillo de las propias familias.
En Buenos Aires, esa tensión ya tiene números concretos. La demanda sobre IOMA crece, las coberturas privadas pierden capacidad de contención y miles de familias modifican sus hábitos de atención por motivos económicos. El resultado es un sistema público que adquiere un papel cada vez más importante justo cuando la crisis nacional incrementa las necesidades que debe atender.
