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Argentina
18 de abril de 2017
DIPUTADOS

El massismo y Cambiemos compiten por ver quien se atribuye la prohibición de ploteos oficialistas

Casi en simultáneo, los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Guillermo Castello (Cambiemos) anunciaron proyectos para despersonalizar la publicidad gubernamental.

El massismo y Cambiemos compiten por ver quien se atribuye la prohibición de ploteos oficialistas
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La polémica por la aparición de varios ploteos en vehículos oficiales por parte de intendentes bonaerenses desembarcó en la Cámara baja y estableció una nueva competencia entre el Frente Renovador y Cambiemos.

En efecto, casi al mismo tiempo, el diputado massista Pablo Garate presentó un proyecto de ley con el objetivo de despersonalizar la publicidad gubernamental y su par de Cambiemos, Guillermo Castello, anunció que está trabajando en una propuesta similar.

La iniciativa de Garate establece que “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe tener carácter informativo, educativo o de orientación social”.

En ese sentido, prohíbe la colocación de nombres de gobernantes, símbolos, audios o imágenes que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos o identifiquen la gestión, en todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa. La misma prohibición rige para todo mensaje micro-segmentado por redes sociales y desde base de datos.

Lo particular de la situación, sucedió en paralelo cuando el legislador Guillermo Castello (Cambiemos) aseguró que le estaba realizando los últimos retoques a un proyecto para impedir que los funcionarios se apropien de los recursos del Estado.

En diálogo con La Tecla, Castello señaló que la iniciativa que trabaja pertenece a la diputada nacional por Córdoba, Leonor Martínez Villada.

"Es un trabajo que lleva más de 3 o 4 meses donde apuntamos a que los municipios adhieran a la ley que tiene como objetivo poner sanciones a los intendentes que utilizan la propiedad pública", sostuvo Castello.

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