Oscar Luciani fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La instalación de una planta energética genera rechazo vecinal. Una ordenanza suya lo pone en aprietos
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Primero mandó a rezonificar la zona para la instalación de la planta termoeléctrica. Luego cambió de opinión, ante nuevos estudios y reclamos, y mandó a dejarla sin efecto. El Concejo Deliberante de Luján derogó así, el 27 de noviembre último, una ordenanza que había aprobado diecinueve días antes. Sin embargo, la polémica sigue.
La instalación de Araucaria Energy, una central termoeléctrica, le ha generado más de un dolor de cabeza al intendente de Luján, Oscar Luciani, quien, a la par de la protesta vecinal, tiene una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, presentada por la oposición.
Sin dar el brazo a torcer, el Municipio busca la forma de seguir adelante. En los próximos días presentará un informe de rezonificiación que, al parecer, tendría el respaldo de dos universidades. La Universidad de Luján (UNLu) rechazó expedirse en los términos en los que le pidió el Municipio y levantó aún más la polvareda.
La oposición pone encima de la mesa el archivo de Oscar Luciani, intendente desde el 2011. A instancias suyas, el Concejo Deliberante sancionó, en 2013, la ordenanza 6.224, que prohíbe la instalación de industrias denominadas de tercera categoría en todo el partido.
De acuerdo a la ley provincial 11.459, de Radicación Industrial, las industrias de tercera categoría son aquellas cuyos establecimientos “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”.
Ya instalada en el lugar, aunque a la espera de los trámites de habilitación, la empresa tiene las obras formalmente “paralizadas”. Necesita contar con la zonificación aprobada -actualmente se encuentra en una zona rural-, para luego poseer la habilitación definitiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que debe librarle un certificado de aptitud ambiental para operar.
Los ediles de Unidad Ciudadana Erica Pereyra, Griselda Krauth, César Siror y Miguel Angel Prince denunciaron al jefe comunal, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, ante el Juzgado de Garantías Nº 2 de Mercedes, a cargo de Facundo Oliva. La presentación, en la que también colaboró el secretario de bloque Manuel Rivero, alcanza al secretario de Obras Públicas, Marcelo Gutiérrez, y al director de Planeamiento, Carlos Patetta.
En el medio, el alcalde afrontó reiteradas protestas de los vecinos que se oponen al desembarco de Araucaria y le han asegurado que la empresa continuó con las obras, pese a las normas que se lo impiden. El propio Luciani firmó, el 17 de noviembre de 2017, un decreto que detuvo las obras. El proyecto, de todas formas, sigue adelante.
“Estos funcionarios sabían y saben, y pudiendo hacerlo, no cumplieron ni cumplen con un acto propio de sus funciones cuando deben, y voluntariamente deben omitir el acto, retardarlo o rehusarse a hacerlo. Siguen, como se ha dicho, obstinada e interesadamente, hasta el día de hoy, omitiendo cumplir con la Ordenanza N° 6.224”, se señala en la denuncia.
Los concejales solicitan que “se aplique a los denunciados el máximo de las sanciones penales previstas para los ilícitos de autos, disponiéndose su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos".