La Tecla
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Al igual que ocurre en cada año electoral, una de las discusiones más acaloradas que protagoniza la política nacional se direcciona directamente con la seguridad y las penas. En definitiva, la baja de la edad de imputabilidad es un debate que un sector de la política promueve cada dos, al menos desde la aparición de Francisco de Narvaéz en la contienda electoral de medio término de 2009 bajo el lema “tengo un plan”.
Desde esa fecha, y hasta la actualidad, el discurso electoral de penas más duras y con mayor alcance, se repite sin importar, prácticamente, los colores políticos.
En ese sentido, el inicio de 2019 fue la mano de un “renovado” debate por la modificación de la edad de imputabilidad. Claro, la coyuntura político social instaló el tema en agenda con una realidad bastante diferente a la de los últimos años. Por caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abiertamente a favor del uso pleno de las fuerzas de seguridad, creció en su representación para ser una de los cinco dirigentes más importantes del país.
Vale remarcar que fue Patricia Bullrich, la encargada de confirmar que el Gobierno enviará al Congreso, para debatir posiblemente en sesiones extraordinarias, un proyecto que crea un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.
Si bien el Ministerio de Seguridad y el de Justicia trabajaban desde hace dos años en un proyecto para establecer un Régimen Penal Juvenil, que incluía una escala de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años (dos años menos que la edad actual) para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y eventualmente robos con arma, la actual iniciativa finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad.
De esa manera, el debate que se instaló pegó de lleno en el electorado y nadie quiere perder pisada, ni dejar escapar ni el más mínimo rédito posible.
Con dicho panorama, fue la diputada nacional Elisa Carrió, integrante de Cambiemos y líder de
El proyecto en cuestión, denominado “Régimen legal aplicable a las personas menores de dieciocho años de edad infractores de la ley penal”, ingresó en el Congreso en abril de 2002 y nunca vio la luz. Claro está, el proyecto no avanzó, al igual que ocurrió con cada promesa de debatir democráticamente un nuevo régimen de imputabilidad.
A pesar del fracaso del proyecto,